Críticas a la JEP por asegurar que los ‘falsos positivos’ fueron una política de “conteo de cuerpos”: “Carecen de sustento”

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Alejandro Ramelli Arteaga, Catalina Díaz Gómez y Óscar Javier Parra Vera, confirmaron que no hay dudas de que las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, sí existieron en Colombia. Contrario a lo afirmado por el congresista Miguel Polo Polo, que botó a la basura varias botas de caucho que representaban estos crímenes, indicaron que sí se han contabilizado 6.402 víctimas, según la contrastación de tres grandes bases de datos.

Además, resaltaron que hay evidencias que indican que las botas de caucho fueron utilizadas para disfrazar a los civiles asesinados como guerrilleros y respaldar así la versión de que habían sido dados de baja en combate. “En los expedientes hay muchas fotos de los cuerpos con botas de caucho nuevas, muchas veces dos izquierdas, dos derechas o dos y tres tallas más grandes que los pies de las víctimas”, precisaron los magistrados, en conversación con El Espectador.

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En consecuencia, aseguraron que las ejecuciones extrajudiciales no fueron hechos aislados, perpetrados por unas cuantas personas activas en el Ejército Nacional, sino que hicieron parte de toda una estrategia fundamentada en la presentación de resultados de la fuerza pública en la lucha contra las guerrillas. Se basó entonces en el “conteo de cuerpos”.

“Con total convicción, afirmamos que fue un patrón de acción criminal que se manifestó en todo el territorio nacional que se desató por la política, de facto, de conteo de cuerpos que privilegió la eliminación física del supuesto enemigo o el cadáver caído en combate, como único indicador válido de éxito militar”, explicaron al medio citado.

Estas declaraciones no cayeron bien en el partido Centro Democrático, cuyo fundador, el expresidente Álvaro Uribe, ha sido señalado de conocer y permitir la ejecución de falsos positivos durante su gobierno. Por eso, el director Nacional de la colectividad, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, envió una carta a los magistrados, instando a que se abstengan de hacer generalizaciones que afecten el buen nombre del exmandatario.

Pues, según detalló en la misiva, el concepto de “body counting” nunca fue utilizado por el expresidente y tampoco fue adoptado como una política de su administración, sino que surgió en gobiernos posteriores, como el de Juan Manuel Santos, que fungió como ministro de Defensa de Uribe Vélez (2006-2009), aunque para entonces no lo había mencionado.

“Las afirmaciones que sugieren la existencia de una “política estatal de conteo de cuerpos” carecen de sustento documental y contradicen los esfuerzos del gobierno nacional por exigir resultados basados en la transparencia y la legalidad”, aseguró.

De hecho, resaltó los resultados de la política de seguridad que implementó el expresidente durante sus dos mandatos, entre 2002 y 2010: hubo 53.000 integrantes de grupos armados desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 bajas en combate, que se lograron en medio de una “neutralización legítima” de organizaciones criminales.

Todo esto, sin desconocer que sí hubo agentes del Estado que perpetraron ejecuciones extrajudiciales, por lo que, según indicó, las familias de las víctimas están en todo su derecho de exigir justicia, verdad y reparación. No obstante, aclaró que la existencia de los falsos positivos no puede ser utilizada para borrar los logros alcanzados por el ex jefe de Estado en materia de seguridad en el país.

Recordó que organismos internacionales reconocieron entonces al Estado colombiano por prevenir y sancionar a personas involucradas en las mencionadas ejecuciones, mientras que la JEP estaría replicando “interpretaciones sesgadas” al respecto.

“Resulta profundamente preocupante que se promuevan narrativas que buscan desacreditar de manera sistemática el Gobierno presidido por el Dr. Álvaro Uribe Vélez, quien lideró una política de seguridad basada en la defensa de los derechos fundamentales de todos los colombianos”, afirmó.