Congresista criticó a Petro por reforma al Sistema General de Participaciones: “Dice una cosa y hace otra”

La representante a la Cámara por Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza cuestionó enérgicamente la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para reformar el Sistema General de Participaciones (SGP). Según la congresista, la iniciativa no ofrece soluciones concretas a la desfinanciación histórica de las regiones, perpetuando inequidades estructurales.

Esta iniciativa, promovida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con el apoyo del presidente Gustavo Petro, busca introducir transformaciones importantes en favor de la descentralización y la autonomía financiera de los departamentos y municipios del país, mediante un incremento en los recursos transferidos desde el Gobierno nacional hacia las regiones. No obstante, la propuesta ha suscitado intensos debates y alertas sobre los posibles riesgos fiscales que podría enfrentar la Nación.

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La reforma plantea cambios a los artículos 356 y 357 de la Constitución, con el objetivo de aumentar la proporción de ingresos que el gobierno nacional transfiere a los entes territoriales mediante el SGP. En un inicio, se consideró elevar este porcentaje al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación; sin embargo, tras las críticas relacionadas con la viabilidad financiera de la medida, el Congreso decidió ajustar la propuesta, reduciéndola al 39,5%.

Ante esto, en un mensaje publicado en X, Pedraza señaló: ”Como raro, el Gobierno dice una cosa y hace otra: Promete descentralizar los recursos, pero lo que no dice es que su propuesta de reforma al SGP es COSTO 0 ¡Lo único que van a descentralizar es la pobreza! No se salda la deuda histórica de desfinanciación con las regiones”. Acompañó su declaración con un video de su intervención en la Cámara de Representantes, donde profundizó sobre los efectos presupuestales de la iniciativa.

Pedraza afirmó que el problema central no es únicamente entre centralización o descentralización, sino la perpetuación de la pobreza, ya sea centralizada o distribuida en las regiones. Durante su intervención en el Congreso, destacó la insuficiencia de recursos fiscales para atender las crecientes responsabilidades asignadas a los entes territoriales.

”Este año el Gobierno va a recortar 33 billones de pesos porque el recaudo tributario fue menor al esperado. El próximo año habrá un déficit presupuestal de 14 billones. Si el recaudo tributario no crece, el impacto en los ingresos corrientes de la Nación y el SGP será inevitable”, explicó.

Según la congresista, el SGP actualmente depende en gran medida de los ingresos tributarios nacionales, lo que limita su capacidad de responder a las necesidades crecientes de las regiones. En este contexto, criticó que la reforma no contemple un incremento real en los recursos para educación, salud o saneamiento básico, sino que se limite a redistribuir responsabilidades sin aumentar el financiamiento.

Pedraza también denunció que la descentralización planteada en el proyecto es ”costo cero”, lo que implica que las regiones recibirían nuevas responsabilidades sin los recursos suficientes para afrontarlas. Mencionó casos concretos como el transporte escolar, cuyos costos han aumentado en un 700%, pero que siguen siendo asumidos principalmente por las entidades territoriales.

A esto se suma que el 90% de los recursos del SGP destinados a educación se utilizan para pagar nóminas, dejando un margen mínimo para infraestructura, conectividad y otras necesidades críticas: ”El 50% de los colegios públicos no tienen internet y el 60% carece de servicios básicos adecuados. Esta es la realidad de las brechas acumuladas por años de desfinanciación”.

La reforma propone, entre otras cosas, que las regiones asuman dos años de educación superior y dos años de educación inicial; sin embargo, Pedraza advirtió que estas responsabilidades adicionales no vienen acompañadas de un aumento proporcional en los recursos asignados, lo que podría agravar las inequidades existentes.

La representante también cuestionó si la reforma recogía las recomendaciones de la Misión de Descentralización, creada para elaborar un diagnóstico y proponer un modelo de descentralización financiera. Según Pedraza, esta misión sugirió establecer un porcentaje mínimo del 31% de los ingresos corrientes del Estado para el SGP, así como un fondo del 5% para promover la convergencia territorial, pero estas propuestas no parecen haberse incorporado en el proyecto actual.

Pedraza alertó sobre el riesgo de que los recursos del SGP, destinados principalmente a salud, educación y saneamiento básico, sean utilizados para cubrir otras necesidades operativas en las regiones, debilitando aún más los servicios básicos: ”No podemos permitir que la descentralización se convierta en una excusa para descargar responsabilidades sobre las regiones sin garantizar los recursos necesarios”, enfatizó