Cómo está conformada la Corte Constitucional y si es cierto que Gustavo Petro tiene las mayorías

Tras una dura pelea en el Congreso de la República para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en la que hubo presencia hasta de un “voto fantasma”, finalmente, el Senado eligió a Miguel Polo Rosero como el reemplazo de Antonio José Lizarazo, cuyo mandato concluye en febrero de 2025.

Polo Rosero, quien obtuvo 57 votos frente a los 47 de su competidora Claudia Dangond, asumirá su cargo para modificar la composición ideológica del alto tribunal y podría beneficiar al presidente Gustavo Petro en las próximas decisiones de gran impacto que lleguen a la Corte.

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De hecho, la elección de Polo Rosero ha generado expectativas sobre cómo influirá en las decisiones futuras de la Corte. Actualmente, la Sala Plena está compuesta por seis magistrados de tendencia liberal y tres conservadores. Pero con la llegada de Polo Rosero, se espera que las votaciones que antes eran de 6-3 ahora sean de 5-4, aunque la Corte ha emitido fallos recientes con votaciones unánimes o con pocos salvamentos de voto.

El contexto político también juega un papel fundamental en la Corte. Según expertos consultados por la revista Cambio, con la llegada del nuevo magistrado no se presentarán mayores beneficios para el Gobierno nacional en materia de fallos.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro tendrá la responsabilidad de presentar una terna para reemplazar a la magistrada Cristina Pardo, cuyo mandato finaliza en mayo de 2025 y esa elección sí podría modificar la composición ideológica.

Si el jefe de Estado propone candidatos con una postura más liberal progresista, podría cambiar la mayoría ideológica de la Corte. Además, le serviría al mandatario la elección de un magistrado de corriente progresista, pues su última ficha, Vladimir Fernández, está impedido para tener voz y voto en los temas relacionados con el Gobierno por haber ejercido como secretario jurídico de Presidencia.

Entretanto, Miguel Polo Rosero es un abogado con una trayectoria de 18 años en la Corte Constitucional, donde ha trabajado como magistrado auxiliar bajo la dirección de cuatro magistrados titulares con diversas posturas jurídicas.

Su elección marca un cambio en el alto tribunal, ya que Polo Rosero es considerado un jurista de tendencia conservadora, aunque con inclinaciones de centro, lo que podría alterar el equilibrio ideológico de la Corte, que actualmente cuenta con una mayoría liberal.

Durante su carrera, Polo Rosero ha sido ponente en decisiones importantes, como la que declaró inconstitucional un decreto del Gobierno expedido en medio de la emergencia económica y social de La Guajira en 2023. Además, ha expresado la necesidad de que la Corte sea más cautelosa al revisar tutelas contra decisiones de otras cortes, destacando que entre 2016 y 2024 se dictaron 327 sentencias de unificación, de las cuales 122 fueron contra otras cortes.

La elección de Polo Rosero no ha estado exenta de controversias. Durante el proceso, se conoció una denuncia por acoso laboral presentada por la abogada Claudia Escobar García, que fue archivada por el Comité de Convivencia de la Corte al no encontrar mérito para abrir una investigación. Esta denuncia impidió que Polo Rosero fuera nombrado magistrado titular encargado en el pasado.

Asimismo, el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares celebró la elección de Polo Rosero, destacando su carrera como magistrado auxiliar y pidió no estigmatizarlo como un aliado del Gobierno actual.

“Polo sabe de la importancia de la independencia y la objetividad con que debe actuar, más allá de los complejos procesos electorales de la rama judicial. Debemos trabajar para la unión, no para la polarización. No debemos estigmatizar ni descalificar al magistrado Polo, como si fuera un posible súbito del actual gobierno, como se insinúa o se dice en mensajes, columnas, trinos  y caricaturas. Abogo porque se respete la dignidad y el buen nombre de todas las personas”, señaló el Linares en declaraciones recogidas por Cambio.

Polo Rosero se posesionará en febrero de 2025, y su elección podría ser impugnada ante el Consejo de Estado debido a irregularidades en el proceso de votación en el Congreso, donde se anuló una primera votación por un empate con Dangond.