Banco de la República alertó que las deudas de los colombianos crecerían por reforma que se busca aprobar en el Congreso

El Banco de la República presentó un nuevo borrador de economía denominado “Descripción, antecedentes y riesgo fiscal y macroeconómico del proyecto de Acto Legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones”.

Dicho documento evalúa la iniciativa que surtió su séptimo debate el 20 de noviembre en el Congreso de la República, y que busca aumentar los recursos transferidos a las regiones por medio del Sistema General de Participaciones (SGP), algo que generó polémica entre los expertos en el asunto y que recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro.

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El mismo expone que, desde una perspectiva histórica, el sistema de transferencias a los territorios se fortaleció con la Constitución Política de 1991 y, posteriormente, se reformó mediante el Acto Legislativo 1 de 2001 y el Acto Legislativo 4 de 2007.

“Los recursos del SGP se asignan prioritariamente a la prestación de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico y a otros programas sociales y de inversión de los territorios. El proyecto de reforma constitucional propone el aumento gradual de las transferencias por SGP hasta alcanzar el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) durante un período de 12 años a partir de 2027″, indicó el Emisor.

Así las cosas, desde una perspectiva fiscal y suponiendo que no hay un ajuste en el gasto del Gobierno nacional originado en la reasignación de competencias, dice el banco central que el aumento progresivo de los recursos por SGP tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas, ya que llevaría el déficit fiscal al 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda neta al 64,6% del PIB en 2038. Este dato es bastante llamativo, debido a que contrasta con las estimaciones en un escenario sin reforma donde el déficit y la deuda se situarían hasta en 2,8% y 54,9% del PIB, respectivamente.

De igual forma, advirtió que, si bien el proyecto de Acto Legislativo pretende fortalecer la descentralización y otorgar mayor autonomía a las regiones en el manejo de los recursos, plantea desafíos fiscales, especialmente, para el cumplimiento de las metas cuantitativas de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), en 2024) y el manejo de la deuda pública, que en los últimos meses tocó máximos históricos.

“En un contexto macroeconómico, la reforma al SGP podría tener consecuencias sobre el comportamiento de otras variables como la prima de riesgo (sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados, en comparación con otro país), la tasa de cambio y la actividad económica”, apuntó el Banco de la República.

Asimismo, explicó que para cuantificar estos efectos se recurre a un modelo de equilibrio general que parte del supuesto de que el incremento del gasto del Gobierno es financiado con un mayor endeudamiento, que eleva la percepción de riesgo del país. Por eso, alertó que, como resultado, las condiciones financieras más exigentes llevarían a una caída en el consumo de los hogares y a una mayor depreciación del peso que a su vez reduce el consumo y la inversión privada.

También, puntualizó que la contracción de la demanda interna privada no alcanza a ser compensado por el aumento del gasto público (impulsado por el proyecto de ley) y de las exportaciones, lo que se refleja en un menor nivel del PIB.

Finalizó al decir que es importante señalar que los resultados descritos no consideran el impacto sobre el gasto del gobierno nacional debido al traslado de competencias a los municipios y departamentos.