Víctimas de las Farc denunciaron penalmente al director fiscalía de la JEP por presunto prevaricato

Después de la imputación de cargos contra seis miembros del exsecretariado de las Farc, relacionados con reclutamiento forzado y violencia sexual intrafilas, la Corporación Rosa Blanca ha emprendido acciones legales contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), específicamente contra el director de su Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez.

Esta medida legal surge como respuesta directa a la retirada del esquema de protección que tenía Sara Morales, vocera nacional de la organización y víctima de estos delitos.

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El abogado Adel González Guzmán, representante legal de la Corporación Rosa Blanca y apoderado judicial de Morales, presentó una denuncia penal dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, acusando a Álvarez de prevaricato. Según detalles del documento presentado a la Fiscalía, se sostiene que, como director, Álvarez habría violado sus obligaciones al despojar a Morales de la protección conferida, exponiéndola a un riesgo significativo.

“Corporación Rosa Blanca presentó denuncia penal contra Director Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, presunto delito Prevaricato por Acción por desmonte protección a Sara Morales. Victimas sin garantías en Proceso Adversarial por Violencias Sexuales”, anunció la corporación en X.

“No entendemos a qué juega el Director da la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP. Le acaba de quitar medidas de protección a Sara Morales, Vocera Nacional de la Corporación Rosa Blanca y la deja a merced de los asesinos de las Farc”, escribió en otra publicación.

Morales, que fue reclutada a los once años, ha relatado dolorosos episodios de abuso sexual mientras se encontraba bajo el control de los comandantes de las Farc, llevando incluso a la maternidad de dos hijos como resultado de estas agresiones. “Le practicaron planificación forzada”, explicó el comunicado, un reflejo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos sufridas durante casi dos décadas en los campamentos.

La decisión de retirar la protección a Morales se produce en un contexto de elevado riesgo. Como señaló la corporación a través de su cuenta en X, “A sólo 2 días de auto JEP que imputó a Secretariado FARC graves delitos de lesa humanidad contra 18.677 niñas y niños campesinos, ya empezaron amenazas e intimidaciones a mujeres que integran la Corporación Rosa Blanca”.

A lo anterior, se suma que la Corporación Rosa Blanca denunció que “la presunta omisión de los líderes del extinto grupo armado era mentira, y que ellos sí tenían conocimiento”. Estas declaraciones evidencian la gravedad de las denuncias y subrayan la necesidad de garantizar la integridad y seguridad de las personas valientes que han decidido compartir sus historias y buscar justicia.

La JEP, por su parte, anunció que se ha comprometido públicamente a salvaguardar la seguridad de las víctimas del Caso 07, destacando su disposición a “garantizar las medidas de protección pertinentes” y ordenando a la Unidad de Investigación y Acusación a hacer efectivas las medidas de seguridad de quienes se encuentran en situación de riesgo por su participación en la investigación del mencionado caso. Sin embargo, las acciones legales recientes plantean serias interrogantes sobre la efectividad de esta protección y la transparencia en la ejecución de sus decisiones.

Ante estas circunstancias, la Fiscalía deberá llevar a cabo una investigación sobre las acciones de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El resultado no sólo tendrá un impacto directo sobre Sara Morales y las demás víctimas amparadas por la corporación, sino también sobre la confianza en el sistema de justicia transicional que tiene el deber de garantizar la protección, reparación integral y no repetición de quienes vivieron el horror del conflicto armado en Colombia.