Senado tratará de elegir magistrado de la Corte Constitucional tras el escándalo del ‘voto fantasma’: decretaron fuertes restricciones

El Senado de Colombia enfrenta un momento crítico tras el escándalo del “voto fantasma” que interrumpió la elección de un nuevo magistrado para la Corte Constitucional.

Una nueva sesión se llevará a cabo el 19 de noviembre del 2024 y busca resolver el impase generado por un voto adicional que apareció en la votación para reemplazar al magistrado Antonio José Lizarazo. Este incidente llevó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a suspender la sesión anterior.

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Para evitar nuevos inconvenientes, la mesa directiva del Senado dio a conocer un protocolo estricto para la sesión. Entre las medidas adoptadas, se destaca la restricción del acceso de asesores a la plenaria y la prohibición de ingreso a las barras del recinto. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.

“Me permito informar el protocolo a seguir para el desarrollo de la sesión Plenaria del Senado, programada para el día 19 de noviembre de 2024, en la cual se desarrollará la Elección del Magistrado(a) de la Corte Constitucional: 1. Para el ingreso de asesores al Salón de Apoyo se requerirá autorización de la Mesa Directiva del Senado de la República. 2. Solo están autorizados para el ingreso al Salón de Apoyo los medios de comunicación. 3. Al Recinto del Congreso solamente se autoriza el ingreso de candidatos, familiares de los candidatos y personas autorizadas directamente por Presidencia del Senado. 4. Las barras estarán habilitadas para el seguimiento de la sesión por parte de los medios de comunicación”, dice el documento.

Los candidatos que compiten por el puesto son Claudia Dangond, Miguel Efraín Polo y Jaime Humberto Tobar. La elección se realizará con la participación de 105 congresistas, quienes deberán emitir su voto para definir quién ocupará el cargo vacante en la Corte Constitucional.

El contexto del escándalo se remonta a la sesión anterior, donde se reportó un empate entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo, cada uno con 50 votos. Sin embargo, la aparición de dos votos en blanco y dos tarjetones sin marcar generó una controversia que llevó a denuncias de presunto fraude. Este hecho provocó indignación en la plenaria, que calificó el suceso como “vergonzoso” y “delictivo”.

La situación se complicó aún más al descubrirse que, aunque se contabilizaron 104 votos, solo 102 senadores estaban presentes en la sesión. Tres senadores, Alfredo Deluque, José David Name y Richard Fuelantala, estuvieron ausentes, lo que incrementó las sospechas de irregularidades en el proceso.

El senador Jota Pe Hernández, miembro de la Alianza Verde, ha denunciado denunció una irregularidad en la reciente elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado de la República de Colombia. Según Hernández, durante el proceso de votación, se registraron más papeletas de las que correspondían al número de senadores presentes. Inicialmente, se informó que había un voto extra, pero el senador asegura que en realidad fueron dos, elevando el total a 104 papeletas cuando solo había 102 senadores presentes.

Hernández solicitó revisar las cámaras de seguridad del recinto para esclarecer la situación. Tras analizar los videos, el senador afirma haber encontrado evidencia de que efectivamente aparecieron dos votos adicionales. Esta situación ha generado preocupación, ya que podría implicar una manipulación en el proceso de elección del magistrado.

El senador ha manifestado su intención de presentar las pruebas ante la plenaria del Senado, instando a que no se especule sobre la identidad de los responsables hasta que se muestren los videos y las pruebas correspondientes. Hernández enfatiza la importancia de mantener la transparencia en los procesos electorales dentro del Senado, especialmente en una elección tan relevante como la de un magistrado de la Corte Constitucional.

Este incidente ha suscitado un debate sobre la integridad del proceso electoral en el Senado y la necesidad de implementar medidas que garanticen la transparencia y la confianza en las instituciones democráticas del país. La revelación de estos hechos podría tener implicaciones significativas en la percepción pública sobre la legitimidad de la elección y el funcionamiento del sistema político colombiano.