La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha escalado en la agenda legislativa de Colombia tras ser aprobada en su sexto debate por el Senado el 29 de octubre de 2024.
Este proyecto, impulsado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y respaldado por el presidente Gustavo Petro, propone cambios significativos para la descentralización y la autonomía financiera de los departamentos y municipios del país, al aumentar los recursos que se transfieren desde el gobierno central hacia las regiones; sin embargo, la propuesta ha generado amplios debates y advertencias sobre los potenciales riesgos fiscales para la Nación.
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Cambios propuestos en la Constitución
La reforma busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución para incrementar el porcentaje de ingresos de la Nación que se destina a los entes territoriales a través del SGP.
Inicialmente, se propuso elevar este porcentaje al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, pero ante la oposición debido a preocupaciones sobre sostenibilidad financiera, el Congreso acordó reducir la cifra al 39,5%.
Actualmente, el SGP transfiere alrededor del 24% de los ingresos de la Nación a los territorios, por lo que este ajuste permitiría que las entidades locales manejen mayores recursos para servicios esenciales, tales como salud, educación básica, agua potable y saneamiento básico.
Distribución de los recursos: foco en la equidad regional
Uno de los aspectos clave de la reforma es la fórmula para distribuir los recursos. En principio, el criterio seguirá basado en el número de habitantes, pero el presidente Petro hizo énfasis que su apoyo depende de que se introduzca un enfoque que favorezca a las regiones más pobres.
En este sentido, se contempla un “cierre de brechas” que beneficiará a unos 300 municipios que enfrentan dificultades financieras para cubrir sus nóminas y que, según el senador Ariel Ávila, están en riesgo de entrar en la Ley 550, más conocida como la ley de insolvencia.
Implementación gradual y marco de responsabilidades
El proyecto establece que la transición se llevará a cabo de forma gradual a partir de 2027, con un periodo de implementación de 12 años, durante este tiempo, una ley de competencias definirá las nuevas responsabilidades y funciones que asumirán los entes territoriales.
El objetivo es evitar una duplicidad de funciones entre los gobiernos locales y entidades nacionales y se prevé, incluso, la posible eliminación de algunas entidades centrales en función de la redistribución de competencias.
Preocupación por inflexibilidad presupuestal en Colombia
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó sobre los riesgos de sostenibilidad que implica el proyecto de ley para modificar el Sistema General de Participaciones en Colombia.
Según un informe del Carf, el crecimiento proyectado del SGP en proporción a los Ingresos Corrientes de la Nación, que se espera alcance el 39,5% en 2038, podría llevar al país a un escenario de inflexibilidad fiscal y una posible senda de deuda insostenible.
Para el bienio 2024-2025, el informe prevé un aumento en el déficit fiscal, que alcanzaría un 5,6% del PIB en 2024 y un 5,1% en 2025, mientras que la deuda neta podría llegar al 56,1% del PIB en 2025.
Sin medidas adicionales para incrementar los ingresos o controlar el gasto, el Carf advirtió sobre el riesgo de incumplimiento de la regla fiscal, un marco que limita el endeudamiento y el déficit fiscal para garantizar la estabilidad económica a largo plazo.
Ante tal panorama, el incumplimiento de la regla fiscal podría afectar la confianza en Colombia como destino de inversión, elevando las tasas de interés y la presión inflacionaria, además de comprometer el financiamiento de proyectos clave en educación, salud e infraestructura, por lo que de aprobarse la reforma, el SGP incrementaría un 0,7% anual hasta 2038, presionando aún más el presupuesto público.
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