Carf advirtió sobre incumplimiento de la regla fiscal del Gobierno Petro: esto pone en riesgo la económica del país

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió una nueva advertencia sobre los retos fiscales que enfrenta el Gobierno nacional entre 2024 y 2025. El organismo sostiene que el cumplimiento de la regla fiscal, que busca mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, está en serio peligro debido a una significativa disparidad entre las proyecciones de ingresos y los gastos programados para ese periodo.

Según el pronunciamiento más reciente de la entidad, para 2024 los ingresos del Gobierno fueron 74,1 billones de pesos inferiores a los programados, lo que equivale a un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta caída de los ingresos, que tiene diversas causas, incluyendo una menor recaudación por parte de la Dian y la estructura misma de la Regla Fiscal, obliga a un ajuste fiscal considerable.

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En términos concretos, para cumplir con las metas establecidas, el Gobierno debería realizar un recorte de 56,2 billones de pesos en el gasto; sin embargo, las medidas anunciadas hasta ahora solo permitirían una reducción de 25 billones de pesos, lo que deja un vacío considerable entre los objetivos y las acciones implementadas.

El Carf señala que esta diferencia no se puede subsanar únicamente con recortes a los gastos no estructurales, dado que una gran parte de los gastos de la administración de Gustavo Petro son inflexibles. Según el comité, aproximadamente el 83,6% del gasto entre 2019 y 2023 fue inflexible, lo que complicó aún más la capacidad del Ejecutivo para cumplir con las metas de la Regla Fiscal sin implementar medidas adicionales más drásticas.

Los gastos inflexibles son aquellos vinculados a rubros como intereses de la deuda externa, pensiones, subsidios, incluyendo los del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), y el Sistema General de Participaciones, entre otros. Estos gastos no son fácilmente ajustables, lo que deja poco espacio para realizar modificaciones sustanciales al presupuesto sin afectar áreas clave de la política social y económica del país.

El comité advierte, además, que la inflación y el aumento en el salario mínimo incrementan aún más la presión sobre el presupuesto, al agregar nuevos costos que no estaban previstos en las proyecciones iniciales.

Las proyecciones para 2025 son igualmente preocupantes. El Carf destacó que la incertidumbre respecto a los ingresos proyectados es alta, especialmente porque una parte significativa depende de la aprobación de la Ley de Financiamiento, que podría no ser aprobada en su totalidad. En este escenario, el Gobierno necesitaría hacer un ajuste adicional de 39,1 billones de pesos en el presupuesto del siguiente año, lo que elevaría considerablemente el riesgo de incumplir la Regla Fiscal si no se toman medidas inmediatas.

Otro de los factores que genera preocupación es el comportamiento de las reservas del Tesoro Nacional. El stock de caja en pesos está por debajo del promedio histórico durante 2024, lo que limita la capacidad del Gobierno para enfrentar situaciones imprevistas o emergencias fiscales.

La entidad también alerta sobre el impacto que esta situación puede tener en la percepción de riesgo país. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal podría aumentar las primas de riesgo, lo que elevaría los costos de financiamiento para la administración gubernamental, afectaría la tasa de cambio y pondría presión sobre el valor de la deuda.

Ante este panorama, el Carf recalca la necesidad urgente de reorientar el presupuesto hacia una programación más realista, que se ajuste a la capacidad de generación de ingresos estructurales del país.

El comité destacó que, si no se toman medidas efectivas para ajustar el gasto a las realidades del recaudo fiscal, las consecuencias para la economía colombiana podrían ser graves. Además de los riesgos inmediatos en términos fiscales y financieros, la falta de cumplimiento de la Regla Fiscal afectaría la credibilidad del gobierno en su estrategia fiscal a largo plazo. De acuerdo don la entidad, esto podría poner en peligro los esfuerzos por asegurar una sostenibilidad fiscal que permita al país afrontar futuros desafíos económicos de manera estable.