Exoficial de la Policía que estafó a sus compañeros y fue denunciado por violencia intrafamiliar estuvo prófugo ocho años

Julio Pérez Montiel, un exoficial de policía, fue capturado en Caucasia, Antioquia, justo antes de que prescribiera su condena de ocho años por concusión.

Pérez Montiel había estado prófugo desde su sentencia en 2016 y utilizaba una identificación falsa para evadir a las autoridades. Su detención se produjo mientras asistía a una audiencia de custodia con su expareja por su hijo de 4 años de edad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Fiscalía Primera Seccional de Manizales llevó a cabo la investigación que culminó en la condena de Pérez Montiel. Se le acusó de exigir dinero a sus compañeros de la institución policial y a sus familiares a cambio de gestionar traslados a zonas con menos conflictos.

Según La Patria, el exoficial aprovechaba la angustia de los allegados de los agentes para obtener beneficios económicos.

Además de su condena por concusión, Pérez Montiel enfrenta acusaciones de violencia intrafamiliar por parte de su exesposa, quien asegura haber sido agredida por él en marzo.

La mujer también denunció que su hija de 16 años fue maltratada y expresó temor por posibles represalias tras su colaboración con las autoridades.

Según su testimonio a La Patria, Pérez Montiel la amenazó desde su lugar de detención.

Durante su tiempo en Caucasia, Pérez Montiel utilizaba documentos falsificados para ocultar su pasado y conseguir empleo. A pesar de sus intentos de eludir la justicia, las autoridades lograron detenerlo un mes antes de que se cumpliera el plazo para la prescripción de su condena. Actualmente, su abogado está tramitando una posible prescripción, que podría haberse cumplido este año.

Su captura fue posible gracias a la información recopilada por las autoridades y la colaboración de su expareja, quien decidió denunciarlo a pesar de las amenazas recibidas.

En Medellín, un mayor de la Policía Nacional fue arrestado por presuntamente exigir pagos a sus subalternos a cambio de permisos.

La captura se realizó tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que reveló que el oficial, junto con su conductor, un subintendente, habría estado involucrado en estas prácticas irregulares.

La investigación, que se centró en la estación de policía de El Poblado, determinó que los pagos se realizaban a través de la billetera digital Nequi. Sin embargo, el dinero no se transfería directamente al comandante, sino a la cuenta de su conductor, quien también fue detenido. Este esquema de cobros se habría implementado en octubre de 2024, según las autoridades.

Con suficiente evidencia, la Fiscalía solicitó al juez penal militar encargado del caso que emitiera una orden de captura contra los implicados. El juez accedió a la petición, y la detención fue ejecutada por efectivos de la Policía Nacional en Medellín. Tanto el comandante como su conductor están ahora bajo custodia de las autoridades competentes, enfrentando cargos por el delito de concusión.

“Por estas razones el juez 1724 Penal Militar y Policial de control de garantías accedió a la pretensión, misma que fue materializada el día de hoy. Los capturados serán dejados a disposición del Juez Penal Militar y Policial competente para continuar con el proceso”, indicó la Policía, citada por la emisora Blu Radio.

El caso ha generado atención debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que tiene en la confianza pública hacia las fuerzas del orden. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados en este caso de corrupción policial.

El 6 de noviembre, dos policías de Medellín fueron arrestados en sus domicilios bajo la acusación de concusión, según informó la Fiscalía General de la Nación. Los agentes, José Yoiber Echeverri Villa y Diego Fernando Cordero, habrían exigido dinero a la dueña de un SPA para evitar su judicialización por un supuesto homicidio culposo.

La investigación, llevada a cabo por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, reveló que el 5 de septiembre los policías solicitaron 15 millones de pesos a la propietaria del SPA, ubicado en el barrio Manrique de la capital antioqueña.

Los uniformados alegaron que una empleada del establecimiento estaba implicada en la muerte de una persona durante un procedimiento realizado en el SPA, y que la dueña también debía responder por el delito.

Atemorizada por las amenazas, la mujer logró reunir y entregar ocho millones de pesos a los agentes. El resto del dinero fue sustituido por un procedimiento estético para la esposa de uno de los policías, según la investigación de la Fiscalía. Este procedimiento consistió en una liposucción, que fue realizada a la pareja sentimental de Echeverri Villa.

Con las pruebas obtenidas, la Fiscalía solicitó al juez la captura de los policías, quienes ahora enfrentan un proceso judicial bajo arresto domiciliario. Durante las audiencias de imputación, tanto Echeverri Villa como Cordero negaron su responsabilidad en los hechos.