En la tarde del lunes 18 de noviembre de 2024, se registró un hecho que marcará un precedente en la historia legislativa de Colombia, pues la plenaria del Senado anuló la votación para la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional luego de un escándalo desatado por el conteo de un voto adicional.
La votación estaba destinada a elegir entre Claudia Dangond, Miguel Efraín Polo y Jaime Humberto Tobar el nuevo magistrado, aunque lo curioso es que se saldó con un empate de 50 votos entre Dangond y Polo; sin embargo, el conteo total arrojó 103 sufragios, superando el cuórum establecido de 102 senadores.
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Este hecho insólito encendió la polémica en el recinto del Senado y generó una discusión que obligó a levantar la sesión sin resolver la elección.
El incidente despertó sospechas y reclamos de fraude en el proceso de selección de uno de los magistrados que integrará el máximo tribunal de control constitucional en el país.
“Vergonzoso y delictivo”
La senadora María José Pizarro expresó su rechazo enérgico ante la situación a través de una publicación en la red social X en la que calificó el incidente como “vergonzoso y delictivo” y exigió una investigación penal y disciplinaria ante lo que considera un “gravísimo fraude electoral”.
Pizarro desglosó en su publicación los motivos por los cuales el proceso electoral debe repetirse, señalando que:
- El cuórum de la sesión estaba compuesto por 102 senadores, pero aparecieron 103 votos, lo que sugiere un voto adicional de origen desconocido.
- La Ley 5.ª de 1992, que regula el procedimiento legislativo, establece que, en caso de irregularidades, la votación debe repetirse de manera inmediata.
- Según Pizarro, la falta de votos suficientes por parte de la oposición para asegurar su candidatura llevó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a suspender la sesión de manera abrupta.
La congresista también denunció que el incidente constituye un retorno a las prácticas irregulares o “jugaditas” que buscan, en sus palabras, “distorsionar el cumplimiento de la Constitución y la Ley”.
A través de un video difundido junto con su mensaje, la senadora acusó a Cepeda de no actuar como un garante del proceso y de haber tomado decisiones que favorecen intereses particulares, más allá de las garantías hacia todas las bancadas políticas.
“El presidente Efraín Cepeda, del Senado de la República, no actuó de manera garante, brindándole garantías a todas las bancadas, sino que sencillamente actuó en función de sus intereses”, concluyó la senadora Pizarro.
Implicaciones legales y respuesta del Senado
Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que, ante las sospechas de sabotaje y las dudas en torno a la autenticidad de los sufragios, se revisarán las cámaras de seguridad del recinto.
Esta revisión, según explicó, se hace necesaria para determinar si el voto adicional provino de alguna de las colectividades presentes en la sesión o si fue introducido por un agente externo.
Como medida para garantizar la transparencia, el Senado decidió implementar nuevos tarjetones y modificar la metodología de votación en la próxima sesión. Esta decisión surge como respuesta inmediata a las demandas de aclaración sobre lo sucedido y busca evitar que se repitan anomalías en el procedimiento.
Contexto de la elección y el papel de la Ley 5.ª de 1992
La elección de magistrados para la Corte Constitucional es un proceso fundamental para la estructura institucional de Colombia, ya que el tribunal tiene la función de revisar la constitucionalidad de las leyes y garantizar los derechos fundamentales.
Según la Ley 5.ª, que regula el procedimiento legislativo, cualquier irregularidad en el conteo de votos obliga a repetir el proceso para asegurar la transparencia y la legalidad de la elección.
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