Álvaro Uribe defendió los logros de su gobierno y atacó a la JEP: “Vuelve y se equivoca”

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se mostró inconforme con las cifras que respecto a la gestión de su gobierno en el conflicto armado ha entregado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal especial al que criticó y acusó de no llevar un trabajo riguroso que permita tener nociones más claras de lo ocurrido durante su administración.

“JEP vuelve y se equivoca y no recauda pruebas necesarias. Nuestro gobierno siempre priorizó la desmovilización”, señaló el expresidente.

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Cuestionó la preponderancia que desde la JEP se le han dado a las versiones del expresidente Juan Manuel Santos, ministro de Defensa durante la administración de Uribe.

“De contar muertos (body counting) solamente ha hablado Santos, ante el Padre D’Roux, reciente, nunca como ministro. Eso ni se mencionó en nuestro gobierno. ¿Por qué no le han preguntado a los otros ex ministros de defensa, a los altos comandantes, a Juan Carlos Pinzón, ex vice ministro y después ministro de Santos, quien lo ha negado en conversaciones públicas y privadas?”, expuso.

Ofreció un recuento de cifras aproximadas, aunque no especificó a qué grupos armados se refería en cada uno de los ítems. Totalizó 53.000 desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 dados de baja.

En medio de la reciente notificación de cinco nuevos macroprocesos contra los antiguos miembros de las Farc, Alejandro Ramelli, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reveló cifras sobre la impunidad en Colombia respecto a los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En una entrevista con El Tiempo, Ramelli, que cuenta con un máster en Derechos Humanos de la Universidad de París y un doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, subrayó que el propósito de la JEP no es obstaculizar el proceso de paz, sino fortalecerlo. El magistrado enfatizó que los delitos investigados no son meramente hechos del pasado, sino problemáticas vigentes que continúan afectando al país.

Recientemente, la JEP emitió un auto que denuncia la existencia de crímenes graves como el reclutamiento de menores, la imposición de anticoncepción forzada, abortos forzados y violencia sexual en las filas de las Farc. Ramelli señaló que este fallo es el primero en su tipo en los más de 50 años de historia del conflicto colombiano, lo que marca un hito en la búsqueda de justicia.

Según cifras reveladas por Ramelli, los nuevos macroprocesos incluyen la imputación por 18.677 casos de reclutamiento forzado que nunca fueron investigados ni condenados por la justicia ordinaria. Aún más preocupante, solo existen dos sentencias relacionadas con el reclutamiento de menores en la justicia tradicional y ninguna en delitos de anticoncepción forzada o violencia sexual. Esto se traduce en una impunidad que supera el 99% en múltiples crímenes ligados al conflicto.

El magistrado detalló que la justicia ordinaria del país enfrenta un preocupante índice de impunidad del 92% en la resolución de delitos generales, lo que refleja graves deficiencias en el sistema judicial. Ante esta situación, Ramelli instó a las autoridades judiciales a adoptar enfoques similares a los de la JEP para investigar y sancionar crímenes como el reclutamiento forzado y la violencia sexual, fenómenos que persisten fuera de la competencia de la JEP.

Mientras tanto, la JEP avanza en la notificación de un extenso auto de más de 800 páginas que formaliza los nuevos cargos contra los excombatientes de las Farc. Entre los delitos imputados se encuentran el reclutamiento forzado, la utilización abusiva de menores, malos tratos a secuestrados, torturas, homicidios y violencias reproductivas y sexuales. Las Farc, por su parte, aseguran que estos temas ya fueron abordados en procesos previos, pero la justicia especial insiste en la necesidad de una notificación formal para que los acusados decidan si aceptan o no los cargos tras un análisis legal detallado.

Ramelli destacó que este proceso es fruto de una exhaustiva investigación que ha durado más de seis años, con la participación de más de mil víctimas. Para la JEP, estas imputaciones no solo buscan rendir cuentas ante la historia, sino que también pretenden cimentar la reconciliación y la no repetición de estos crímenes.

Con este nuevo impulso en la lucha por la justicia, la JEP reafirma su compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas, mientras llama a las autoridades a asumir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos en el país.