En respuesta a las crecientes críticas por la reciente investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hacia la Registraduría Nacional, la directora de la entidad, Cielo Rusinque, defendió las acciones de su institución.
A través de una serie de declaraciones en redes sociales, Rusinque expresó su desacuerdo con la cobertura mediática del caso y respondió a los cuestionamientos de diversos sectores sobre la legitimidad de las actuaciones de la SIC.
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La reacción de Rusinque se conoció en la tarde del domingo 17 de noviembre de 2024, a través de una publicación en X, en la que señaló que “el cubrimiento parcial e interesado de algunos medios de comunicación dominantes” ha impulsado la controversia sobre las intervenciones de la SIC.
Para Rusinque, el tratamiento mediático del caso refleja una tendencia en Colombia hacia “fabricar y encauzar el consentimiento de la opinión pública”, por lo que, en su mensaje, también acusó a una de las revistas más influyentes del país de manipular la situación con fines políticos.
“No buscan revelar la verdad, sino conquistar el poder político. No les basta con poseer la riqueza material del país; también quieren reinar sobre el pensamiento y controlar el Estado”, afirmó Rusinque.
Además, la superintendente agradeció a quienes, a través de redes sociales, contribuyeron a difundir “la versión de los hechos” de la SIC.
En su mensaje destacó el papel de las plataformas digitales para democratizar la información y contrarrestar lo que llamó “el cerrojo mediático”, pues, a su juicio, las redes han permitido a numerosos “influencers” desafiar los monopolios de la información.
Según Rusinque, este fenómeno incomoda a ciertos sectores que “estaban acostumbrados a hablarle al pueblo desde las alturas de su falsa superioridad”, en referencia a los medios que han cuestionado la intervención de la SIC en la Registraduría.
Justificación de la investigación
El origen de la controversia radica en una serie de cargos imputados por la SIC a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional, presuntamente, por no entregar información requerida sobre contratos con la empresa Thomas Greg.
Rusinque defendió la legalidad de la investigación argumentando que esta tiene como objetivo esclarecer posibles violaciones al régimen de libre competencia en los contratos de la Registraduría.
La superintendente precisó que estos contratos, que han favorecido a un único proveedor durante más de una década, han suscitado cuestionamientos sobre la falta de competencia en el proceso de selección.
En una entrevista para el diario El Tiempo, Rusinque detalló que la SIC ha realizado visitas administrativas a diversas entidades públicas, incluidas alcaldías y la Fiscalía, para investigar irregularidades similares.
Respecto a la intervención en la Registraduría, explicó que la SIC solicitó acceso a correos electrónicos oficiales y a un dispositivo utilizado para gestionar información contractual.
La funcionaria enfatizó que, contrariamente a lo que se ha reportado, no se realizaron allanamientos ni decomisos de dispositivos y que el acceso a la información fue realizado de acuerdo con protocolos de confidencialidad y legalidad.
Respuesta a la Procuraduría y exprocuradores
La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra funcionarios de la SIC que realizaron las visitas a la Registraduría, argumentando posibles irregularidades y abuso de poder.
Incluso, cinco exprocuradores generales también han cuestionado la actuación de la SIC al señalar una posible extralimitación de funciones.
En respuesta, Rusinque explicó que las visitas fueron solicitadas por la misma Registraduría y contaron con el acompañamiento de la Procuraduría, lo que refuerza su legitimidad.
“No es la primera vez que se adelanta una actuación de este tipo; de hecho, anteriores exsuperintendentes han ratificado que la SIC tiene la competencia para realizar estas visitas administrativas”.
Asimismo, desmintió las declaraciones del registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, que aseguró que toda la información solicitada ya había sido entregada a la SIC.
Al respecto, Rusinque sostuvo que, en un proceso de esta envergadura, la entidad investigadora no puede depender exclusivamente de la información que decida proporcionar el investigado.
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