Vehículos de Afinia fueron retenidos para impedir el desmonte de un transformador ilegal en San Juan Nepomuceno, Bolívar

Afinia solicitó la intervención de las autoridades locales de San Juan Nepomuceno, Bolívar, para resolver una situación que afecta sus operaciones desde la tarde del sábado 16 de noviembre de 2024.

Y es que según un comunicado de la filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), habitantes del corregimiento de San Cayetano retuvieron vehículos de la compañía que se dirigían a retirar un transformador ilegal instalado en una institución educativa de la zona.

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La empresa de energía explicó que la operación técnica para retirar el transformador estaba programada y que las autoridades locales, incluyendo al secretario de gobierno municipal, Edwin Calvo Fonseca, y al personero Iván Castillo Pérez, habían sido informadas con antelación.

Frente a ello, Afinia hizo un llamado a estas autoridades para que colaboren en la resolución del conflicto y permitan que los vehículos retenidos puedan retomar sus actividades.

“Hacemos un llamado a la comunidad y a las autoridades de San Juan Nepomuceno, como al secretario de gobierno municipal, Edwin Calvo Fonseca y el personero Iván Castillo Pérez, quienes fueron informados a tiempo de la situación y de los que necesitamos su apoyo para que controlen y desestimen las vías de hecho que también representan un problema de seguridad para nuestro equipo humano”, dice el comunicado.

Según explicaron los organismos encargados, el incidente comenzó alrededor de las 10:00 a. m., cuando los pobladores del corregimiento se opusieron a las labores técnicas de Afinia.

Además, la empresa enfatizó que la retención de sus vehículos no solo afecta sus operaciones, sino que también representa un riesgo para la seguridad de su personal.

De hecho, en su comunicado, Afinia instó a la comunidad y a las autoridades a evitar acciones que puedan poner en peligro la seguridad de las personas y a buscar soluciones pacíficas que permitan el cumplimiento de las normativas legales en materia de energía.

“Los vehículos retenidos son necesarios para atender emergencias en los municipios de la zona. La acción de cohecho de la comunidad de San Cayetano en Bolívar está afectando la operación y capacidad de respuesta oportuna a otros usuarios de la zona”.

Y es que la situación es tensa. Según explicaron los organismos encargados, la entidad educativa en la que está instalado el transformador ilegal adeuda un total de 12 facturas que abarcan un valor de 52 millones de pesos. Incluso, revelaron que desde Afinia han presentado múltiples propuestas y soluciones de pago.

Aparte del comunicado, desde la empresa de energía publicaron algunas imágenes en las que se ve cómo han retenido los vehículos en el corregimiento de San Cayetano.

La instalación de transformadores ilegales en Colombia genera diversas consecuencias negativas, tanto para la comunidad afectada como para las instituciones responsables de la regulación energética.

Primero, se compromete la seguridad de los habitantes debido a que estos dispositivos pueden presentar fallas por no cumplir con estándares técnicos adecuados, aumentando el riesgo de accidentes, como incendios o electrocuciones.

En el ámbito económico, las pérdidas para las empresas de distribución de energía son significativas. La energía no registrada y no facturada ocasiona una disminución en los ingresos de estas compañías, lo que puede traducirse en un aumento de las tarifas para los consumidores regulares a fin de compensar el déficit.

Además, el uso indebido del servicio eléctrico incrementa los costos de mantenimiento de la infraestructura pública, afectando las arcas del Estado.

Desde una perspectiva legal, el uso de transformadores ilegales es una infracción a las normativas vigentes en el país. Las autoridades pueden imponer sanciones severas a quienes instalen o utilicen estos dispositivos, incluyendo multas económicas y procesos judiciales, lo que complica aún más la situación para los infractores.

Este tipo de actividades ilegales requiere además de una mayor vigilancia y control por parte de las autoridades competentes.

Por último, la proliferación de transformadores ilegales acarrea problemas medioambientales. La instalación de estos dispositivos a menudo carece de las medidas adecuadas para proteger el entorno, lo que puede derivar en un manejo inadecuado de residuos peligrosos y en la contaminación de suelos y aguas.