Tras un prologando período de intensas lluvias y eventos tormentosos que azotaron diversas regiones de Colombia, el territorio nacional ha sido escenario de numerosos contratiempos. Extensas zonas se han visto anegadas por inundaciones, mientras que desprendimientos de tierra han bloqueado numerosas vías. Asimismo, se han reportado incidentes provocados por la caída de árboles y rocas en múltiples puntos del país, dejando un paisaje de estragos y dificultades para los colombianos.
Es por ese motivo que el presidente Petro aseguró que dadas las circunstancias se declararía emergencia nacional a causa de las lluvias.
Días después de esta declaratoria, la Procuraduría General de la Nación por medio de un comunicado lanzó una advertencia sobre el uso de la declaratoria de emergencia y comentaron que, en 730 días en declaratoria de situación de desastre nacional, siguen sin corregirse las malas prácticas que han favorecido a que se presenten graves casos de corrupción en la Ungrd.
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Ante las afectaciones que han dejado en el territorio colombiano las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos, la Procuraduría General de la Nación ha efectuado un enérgico exhorto a los organismos competentes. El emplazamiento de la Procuraduría General de la Nación insta a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a priorizar la implementación de acciones contundentes. Estas medidas deben encaminarse a salvaguardar de manera efectiva la integridad de la población y las comunidades asentadas en las zonas afectadas, frente a la multiplicidad de declaratorias de emergencia en el territorio nacional.
El Ministerio Público tras analizar los datos proporcionados por el Ejecutivo en torno a la reciente declaratoria de emergencia nacional por variabilidad climática, formalizada mediante el decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, se han encendido las alarmas. El ente de control ha manifestado su preocupación por el manejo que se le ha dado a este instrumento jurídico destinado a la mitigación y atención de catástrofes en el territorio patrio.
El llamado del Ministerio Público surge debido a las deficiencias en la definición y ejecución de medidas integradas e inclusivas, enfocadas en prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los ya existentes.
El órgano de control enfatiza que, pese a que la nación se mantiene en estado de emergencia nacional por más de 730 días, persisten las prácticas inadecuadas que han propiciado la materialización de graves casos de corrupción en el seno de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
Además, los territorios que deberían contar con mejores condiciones de resiliencia se encuentran, por el contrario, en situaciones de mayor exposición a las amenazas y vulnerabilidad frente a los desastres.
La Procuraduría también comentó al respecto que “las delegadas para la Gestión y Gobernanza Territorial y la de Asuntos Ambientales, Minero energéticos y Agrarios destacaron entre los aspectos más críticos y sobre los que se deben adoptar acciones inmediatas para garantizar los derechos de los afectados, la ausencia de Planes de Acción Específicos para la Recuperación (PAE) para las declaratorias de situación de desastre nacional de los decretos 2113 de 2022 y 037 de 2024″.
Dentro de las falencias destacadas por el ente de control, se encuentra la omisión en la aplicación del principio de información oportuna. Asimismo, se han puesto de manifiesto las debilidades en el seguimiento y evaluación del plan de acción específico diseñado para la recuperación, contemplado en el Decreto 020 del 16 de enero de 2024.
En su pronunciamiento la entidad hizo hincapié en las disposiciones contempladas en el artículo 59 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. Estas normas catalogan como falta gravísima, relacionada con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente, el incumplimiento de las funciones asociadas a la gestión del riesgo de desastres en los términos establecidos por la legislación vigente.
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