De capos a escoltas: criminales habrían usado como fachada a una empresa de seguridad en Bogotá para el tráfico de armas

El encargado de gestionar los contratos de la compañía SIP Security Ltda. aseguró que fueron asaltados en su “buena fe”

La empresa aseguró que los criminales sí estuvieron vinculados laboralmente, pero que lo lograron asaltando su "buena fe" - crédito Freepik y Ernesto Guzmán/EFE

Por lo menos cinco señalados criminales habrían utilizado como fachada los papeles y carnet que los acreditan como escoltas o funcionarios de una compañía de seguridad en Bogotá, para el desarrollo de sus actividades ilícitas. De acuerdo con la Fiscalía, citada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, esa vinculación con la empresa la estarían utilizando para el tráfico de estupefacientes y de armas, haciéndolas pasar por material bélico requerido por la compañía.

El primero de los capos que aparece como escolta y jefe de operaciones en la empresa SIP Security Ltda., según yace en los documentos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada consultados por el medio, es Alejandro Restrepo Marulanda, alias el Zarco, integrante de la organización delincuencial Los Triana. El sujeto en cuestión fue asesinado en Medellín.

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Uno de los accionistas de la empresa es Jhon Henry Velásquez Peñuela, capitán retirado de la Policía Nacional que cumplió una condena de nueve años por el delito de secuestro extorsivo. Su nombre salió a la luz cuando las autoridades detuvieron a alias el Zarco cuando conducía un carro de alta gama e informó sobre el nombre de su “patrón”. Esto, en aras de que pudieran corroborar su versión de que era un escolta activo y que el arma que llevaba consigo era legal y propiedad de SIP Security.

Los señalados criminales habrían utilizado la fachada de escoltas para traficar estupefacientes y armas - crédito Canva

Además de Restrepo Marulanda, aparecen dos miembros de una misma familia ligadas a la compañía. Se trata de Matías Álvarez Tabares, alias Keiler, y de su suegro de 60 años, Fredy Hernán Hernández. El primero aparece como cabecilla de la organización criminal La Terraza, y estaría relacionado con el asesinado de un gestor de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro: Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo. El segundo, estuvo en una redada que hizo la Policía al grupo delincuencial El Faraón, pero logró escapar.

A ellos se suma Andrés Felipe Uribe, alias Flaco, un señalado delincuente que aparece como escolta de la empresa, lo cual le habría servido para que le regresaran un arma que le había sido incautada por las autoridades en 2023 en Antioquia. Aseguró tener permiso de porte de armas por su trabajo.

Óscar Alberto Acosta Herrera, alias Pirolo, que sería el lugarteniente de alias el Zarco, es otro de los capos que aparece registrado como escolta de SIP Security. De acuerdo con el informativo, su trabajo delincuencial consistía en recibir el reporte de los crímenes cometidos por Los Triana. Gracias a que su teléfono fue interceptado, se supo que en algún momento se puso en contacto con el capitán retirado de la Policía Nacional Sergio Tovar, que aparece como encargado de los contratos de la empresa.

Matías Álvarez Tabares, alias Keiler, sería responsable del asesinato de Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo - crédito Redes Sociales / Policía Nacional

Justamente, el exuniformado explicó a El Tiempo que, en efecto, los señalados criminales recibieron sus carnets de escoltas porque, cuando se vincularon laboralmente, la compañía no encontró anomalías en su historial. De hecho, según la documentación, ninguno aparecía registrado con problemas con la justicia. Asimismo, afirmó que ninguno de ellos sigue trabajando en la compañía, debido a sus nexos con organizaciones criminales.

Fuimos asaltados en nuestra buena fe. Cuando fueron a pedir que se les diera el carné de escolta y las armas, revisamos antecedentes y ninguno tenía nada. Ya ninguno tiene vínculos con la empresa”, aseguró al medio.

Los capos habrían logrado evitar incautaciones de armas por su vinculación a la empresa de seguridad como escoltas - crédito archivo Colprensa

Sin embargo, sobre la condena que pagó Jhon Henry Velásquez Peñuela, accionista de la empresa, dijo que tenía el derecho de volver a emplearse, puesto que había resuelto sus problemas legales: “Él ya pagó hace muchos años. En Colombia a nadie se le puede negar el derecho a trabajar”, precisó el capitán retirado.