Hallazgo impactante en Riohacha, la Guajira: cuatro cuerpos decapitados y evidencia de tortura

En un impactante suceso que ha conmocionado a la comunidad de La Guajira, se encontraron cuatro cuerpos decapitados con signos de tortura en las cercanías de la finca El Parnaso, entre los corregimientos de Perico y El Ebanal, en el área rural de Riohacha.

Según reportes iniciales de las autoridades judiciales, el hallazgo ocurrió la noche del jueves 14 de noviembre, cuando las víctimas fueron llevadas al lugar, asesinadas a tiros y posteriormente decapitadas. Las cabezas de las víctimas aún no han sido localizadas.

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El descubrimiento fue realizado por campesinos que transitaban por el sector en la madrugada del viernes, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Marta para determinar sus identidades y las causas exactas de muerte, informó Hoy Diario del Magdalena.

En el lugar del hallazgo, se encontraron emblemas de un grupo al margen de la ley dibujados en un vehículo, lo que sugiere la posible implicación de grupos armados ilegales en el crimen. Además, se han reportado enfrentamientos entre presuntos integrantes de estos grupos y la Fuerza Pública en la zona, aunque no se ha emitido un reporte oficial al respecto.

El caso ha generado un clima de inseguridad y temor entre los habitantes de la región, quienes exigen una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y una pronta investigación para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad se encuentra en estado de alerta, esperando respuestas de las autoridades competentes.

Por otro lado, La Guajira Hoy informó que el crimen podría estar relacionado con el secuestro de al menos siete personas en el poblado de Perico, quienes fueron sacadas de sus hogares por hombres armados durante la madrugada. Hasta el momento, solo se han encontrado los cuerpos de cuatro hombres, mientras que la búsqueda de las otras personas continúa.

Este macabro hallazgo ha puesto de manifiesto la urgencia de garantizar la seguridad en las zonas rurales de La Guajira, donde los habitantes claman por justicia y medidas efectivas para prevenir futuros actos de violencia. La investigación sigue en curso, y las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias que rodearon este brutal crimen.

La crisis humanitaria que afecta a la comunidad Wayúu en La Guajira se encuentra en un punto crítico debido a la falta de acción del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, quien aún no ha firmado el decreto de emergencia necesario para movilizar recursos y brindar asistencia a esta población vulnerable.

Esta situación ha generado tensiones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que acusa al alcalde de retener fondos significativos que podrían aliviar la situación, según informó W Radio.

La firma del decreto de emergencia fue promovida por el presidente de Colombia y el gobernador del departamento de La Guajira la semana pasada, con el objetivo de implementar medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales de los Wayúu. Sin embargo, la negativa del alcalde Buitrago a firmar el decreto ha frenado el avance de estas acciones, lo que ha sido criticado por las autoridades departamentales.

La crisis en Uribia se enmarca en la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que exige medidas inmediatas para asegurar el acceso a agua, alimentación y atención médica para los Wayúu. Esta sentencia busca mejorar las condiciones de vida de esta comunidad indígena, que enfrenta una situación crítica debido a la escasez de recursos.

Ante la inacción de la alcaldía, la Gobernación de La Guajira y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han tomado la iniciativa de establecer un Banco de Alimentos en la región. En una primera fase, se han movilizado 200 toneladas de alimentos para las comunidades afectadas, lo que representa un esfuerzo significativo para paliar las necesidades básicas de la población.

La falta de firma del decreto por parte del alcalde Buitrago ha sido un obstáculo para la implementación de medidas urgentes que podrían mejorar la situación de los Wayúu. Las críticas de la Ungrd se centran en la retención de 230 mil millones de pesos, que podrían ser utilizados para atender la crisis humanitaria en La Guajira.