El general Raúl Fernando Vargas Idárraga, que había sido recientemente confirmado para continuar su ascenso en el Ejército Nacional, fue notificado de su salida de la institución. Esta decisión sorprendió pues Vargas Idárraga estaba programado para realizar un curso con miras a alcanzar el rango de mayor general.
Su salida ocurre en un contexto marcado por testimonios e investigaciones que cursan en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que cuestionan la legitimidad de varias operaciones en las que estuvo involucrado y que se habrían tratado de ‘falsos positivos’.
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Uno de los casos más recientes es el relacionado con el Batallón Bolívar, bajo su mando, en el que se habría manipulado información sobre un homicidio ocurrido en 2004 en la vereda Sirazí, en Boyacá.
Un informe firmado por el entonces capitán Vargas Idárraga, relataba un supuesto enfrentamiento entre su tropa y tres paramilitares. Según dicho documento, conocido por W Radio, los soldados habrían sido atacados por los “bandidos” en un puente y, tras una breve confrontación, uno de los presuntos paramilitares murió.
Además, el informe sostenía que se había encontrado en su posesión un fusil AK-47, un morral negro y un radio. Sin embargo, los testimonios de los involucrados contradicen esta versión.
Testimonio clave
El sargento Jaime Coral, que participó en la operación y posteriormente se convirtió en un testigo clave ante la JEP, declaró que el informe firmado por Vargas era completamente falso. Coral confirmó a W Radio que no hubo ningún combate en la zona, sino que, por el contrario, se trató de un asesinato de un campesino, al cual se le colocaron pruebas para simular un enfrentamiento.
“Todo eso es un montaje, eso es una gran mentira que haya habido combate. Nunca hubo combate y asesinamos a una persona, y la trajimos”, agregó, explicando que una vez la víctima fue abatida, su cuerpo fue llevado al batallón, donde la Fiscalía de Tunja realizó el levantamiento al día siguiente.
El sargento también explicó que varios de los testigos mencionados en el informe ni siquiera estuvieron presentes en la operación, como el sargento Hugo Misas, quien estaba incapacitado, y el sargento Yasser Tarquino, quien nunca fue visto en la zona del homicidio. Además, refirió que las personas mencionadas como “retenidas” en la operación, como Diana Marcela Arias Caro, Wilson Vasallo Farfán y Yesid Leonardo Cubides, nunca fueron capturadas, lo que refuerza la falsedad del informe.
Implicación del sargento Vargas Idárraga y otros altos mandos
Coral también señaló que el fusil AK-47, que supuestamente había sido encontrado junto a la víctima, fue entregado al capitán Vargas por el coronel Mario Alberto Hernández López, comandante del Batallón Bolívar en 2004, con el propósito de armar el montaje. Según el relato de Coral, el fusil fue transportado en las camionetas del batallón, en las cuales se desplazaron para cometer el asesinato.
“El fusil se lo entrega el coronel Mario Alberto Hernández López al mayor Vargas Idárraga Raúl Fernando, y ese fusil pasa directamente a las camionetas Rodeo que tenía la escolta del comandante del batallón”, explicó el sargento a W Radio.
El caso de Raúl Vargas y la implicación de su figura en los falsos positivos llega en un contexto más amplio de justicia en Colombia. En una reciente sentencia, la Corte Constitucional reafirmó la responsabilidad del Estado en la reparación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y en la búsqueda de la verdad sobre estos crímenes.
Además, estableció medidas para fortalecer las investigaciones dentro de las fuerzas armadas, instando a que se profundicen los procesos judiciales relacionados con las víctimas de los falsos positivos.
Con la salida del general Vargas Idárraga, la Sexta División del Ejército Nacional ahora la asumiría el general Luis Fernando Salgado, que es comandante de la Escuela Militar.
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