El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió un informe detallado en el que analiza las repercusiones que tendría la propuesta de acto legislativo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia. El análisis advierte sobre los riesgos de una senda de deuda insostenible si no se implementan cambios significativos en la estructura fiscal del país. Según el informe, el crecimiento proyectado para el Sistema General de Participaciones (SGP) bajo esta propuesta podría llevar al país a un escenario de inflexibilidad fiscal.
En términos concretos, la propuesta establece que el SGP debería aumentar en proporción a los Ingresos Corrientes de la Nación, alcanzando al menos el 39,5% para el año 2038. Entre 2027 y 2038, se proyecta que el SGP crezca a un ritmo equivalente a la duodécima parte de la diferencia entre ese 39,5% y el porcentaje que se registraba el año anterior a la promulgación de la ley.
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El panorama fiscal para el bienio 2024-2025 presenta serias preocupaciones. En este período, se proyecta un aumento del déficit fiscal, que se espera alcance un 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 y un 5,1% en 2025. Además, la deuda neta se prevé que se eleve al 55,3% del PIB en 2024, alcanzando un 56,1% en 2025, incluso sin la implementación del plan legislativo. Ante esta situación, el Carf explicó que las proyecciones de ingresos aún dependen de factores inciertos, lo que pone en duda la efectividad del control del gasto público en el futuro cercano.
El informe recalca la necesidad de asegurar fuentes de ingresos estructurales que permitan financiar el gasto del Gobierno, cuyo nivel de inflexibilidad es elevado. Esta inflexibilidad se acentúa por las vigencias futuras, las cuales representarán en promedio 0,9% del PIB entre 2025 y 2030. Estas proyecciones de gasto y deuda crean un escenario fiscal desafiante para las finanzas nacionales.
El Comité también recuerda que, incluso en ausencia de la reforma propuesta, el SGP sigue siendo un esfuerzo fiscal significativo. En un escenario sin modificaciones legislativas, el SGP se mantendría entre el 30% y el 32% de los Ingresos Corrientes de la Nación. No obstante, si se aprueba la propuesta que actualmente se encuentra en sexto debate, el sistema aumentaría en 0,7 puntos porcentuales anuales hasta alcanzar el 39,5% en los próximos 12 años.
El Carf advierte que, sin medidas adicionales para incrementar los ingresos o reducir el gasto, la deuda pública seguirá una trayectoria insostenible. Esta situación comprometería el cumplimiento de la Regla Fiscal, un mecanismo esencial para mantener la confianza en la estabilidad económica del país.
¿Y la regla fiscal?
El incumplimiento de la regla fiscal en Colombia tendría profundas implicaciones económicas que afectarían la estabilidad financiera y el crecimiento del país. Esta regla, que establece límites a los niveles de deuda y déficit fiscal, busca garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles a largo plazo. Si no se cumple, el país podría enfrentar un aumento descontrolado de la deuda pública, lo que incrementaría el riesgo de impago y elevaría las tasas de interés, afectando tanto a consumidores como a empresas.
Una deuda pública insostenible limita la capacidad del Gobierno para financiar proyectos de infraestructura y políticas sociales, lo que podría frenar el desarrollo económico y agravar las desigualdades sociales. Además, la creciente deuda generaría presión sobre el presupuesto nacional, obligando al Gobierno a destinar más recursos al pago de intereses, lo que reduciría el espacio para inversiones en áreas clave como educación, salud y seguridad.
Por otro lado, el incumplimiento de la regla fiscal podría generar desconfianza en los mercados internacionales, afectando la percepción de Colombia como un destino de inversión seguro. Esto podría resultar en una fuga de capitales, una devaluación de la moneda y una inflación más alta, lo que afectaría directamente al poder adquisitivo de los ciudadanos.