El 15 de noviembre de 2024, en el juzgado 11 de Garantías de Bogotá, Ányelo Cárdenas, Diego Murillo y Sharon Martínez, presuntos implicados en el crimen del director de la cárcel La Modelo, coronel Élmer Fernández, se presentaron a la audiencia de imputación de cargos por los hechos ocurridos el pasado 16 de mayo de este año.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego, al tener bajo su poder pruebas contundentes con las que se pueden identificar a los acusados como presuntos coautores del asesinato del director del penal.
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En las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad presentadas por el órgano de control se ve cómo los sicarios vigilaban y seguían al coronel Hernández desde el centro penitenciario, hasta la calle 80, con carrera 30.
A pesar de las pruebas entregadas, ninguno de los tres implicados aceptó los cargos. Sin embargo, el ente acusador sí solicitó que estos fuesen enviados a la cárcel.
“Obsérvese que con las pruebas presentadas por la Fiscalía se puedo determinar que con el actuar criminales de estas personas se cercena el derecho a la vida del coronel Élmer Fernández. Por eso, en este caso procede la detención preventiva de los tres acusados”, explicó la fiscal.
Frente el material probatorio y la solicitud de la fiscalía, la defensa de Cárdenas, Murillo y Martínez, solicitaron suspender la audiencia bajo el argumento de que no tuvieron el tiempo suficiente para analizar las pruebas y prepararse con el fin de proteger los intereses de sus clientes.
En ese sentido, el juez encargado determinó que la audiencia se retomará el 18 de noviembre a las 6:00 p. m. tiempo que consideró prudente para que la defensa de los acusados puede estudiar las pruebas entregadas por la fiscal del caso.
¿El Inpec fue negligente en el asesinato del exdirector de La Modelo, coronel (r) Élmer Fernández?
Cabe recordar que, el exdirector de la cárcel La Modelo había informado a sus superiores de las amenazas de muerte de Pedro Nel Caro Triana, más conocido por el alias Pedro Pluma, para que le brindaran la protección necesaria a él y a su familia.
De acuerdo con información entregada por la Fiscalía, el hostigamiento hacia Fernández comenzó por los operativos que se estaban realizando en el interior del establecimiento penitenciario y que tenían como fin hacerle frente a las bandas criminales que operan desde allí.
En ese sentido, el órgano de control está investigando si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) habría omitido sus funciones o si fueron errores humanos los que llevaron la inacción por parte de la Institución.
El informe de los investigadores apunta a que la petición no fue atendida de la manera correcta. Así lo confirmó el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, indicando que para este caso se hubiera entregado la protección de manera oportuna, pero la petición fue tardía.
Por su parte, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec aseguró que el problema detrás de la falta de seguridad de Fernández fue por las dificultades de realizar un ‘engorroso procedimiento’, por lo que no fue enviada la solicitud a la UNP de manera óptima.
“Tenemos 506 funcionarios amenazados, 27 directores, y ese es el trámite que está reglado para pedir el esquema de protección”, respondió el coronel Gutiérrez en una entrevista en W Radio sobre el tema.
Frente a estas declaraciones, los investigadores aseveraron que tienen bajo su poder la resolución 243 de 2020, en la que la responsabilidad caería sobre el director y su mano derecha, teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria.
En el documento se modificaron las funciones de Ramírez, por lo que él estaría a cargo de Grupo de Control del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, entidad encargada de “remitir a la Unidad Nacional de Protección u otras entidades responsables de la seguridad ciudadana, la documentación requerida para adelantar el estudio de nivel de riesgo a los servidores públicos y auxiliaras del cuerpo de custodia”.