Este es El Cercado, el polémico embalse que está a punto de desbordarse en La Guajira

El embalse El Cercado en La Guajira está casi completamente lleno y amenaza con desbordarse, debido a las fuertes lluvias que afectan el departamento, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta roja para las comunidades cercanas.

Según lo dicho por la Gobernación de La Guajira, el nivel del agua en el embalse ha aumentado significativamente debido a las intensas lluvias recientes, lo que ha incrementado el caudal de descarga al río Ranchería.

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La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) han advertido a las poblaciones en el área de influencia del embalse sobre el riesgo potencial.

El nivel de llenado del embalse pasó de 79.81% el 1 de noviembre a 98.28% el 12 de noviembre, lo que representa un aumento considerable en un corto período de tiempo.

Además, el caudal de descarga hacia el río Ranchería ha subido de 7.0 m³/s a 20.0 m³/s, un incremento del 158.73 %, lo que podría afectar a las comunidades aguas abajo.

Las autoridades han instado a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de socorro y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones actuales. La situación está siendo monitoreada de cerca para garantizar la seguridad de las comunidades en la zona.

El embalse forma parte del Proyecto Multipropósito del río Ranchería, que busca gestionar de manera integral los recursos hídricos en la región. La ADR y la Dirección de Gestión del Riesgo continúan trabajando para mitigar los riesgos asociados al aumento del nivel del embalse y proteger a las comunidades afectadas.

El embalse El Cercado, cuyas aguas provienen del río Ranchería en La Guajira, ha sido una fuente de controversia desde su construcción en 1983. A pesar de haber sido diseñado para proporcionar agua a varios municipios y generar electricidad, el embalse ha enfrentado numerosos problemas que han afectado a las comunidades locales.

Desde su inicio, el proyecto ha tenido un impacto negativo en las comunidades indígenas y campesinas de la región. Durante la construcción, el caudal del río Ranchería se redujo, lo que perjudicó a quienes dependían de él para su sustento. Además, se inundaron sitios sagrados de los pueblos indígenas, lo que afectó su bienestar cultural y ambiental.

En la actualidad, el embalse no ha logrado cumplir con sus objetivos iniciales. Las comunidades continúan enfrentando escasez de agua, y la calidad del liquido se ha visto comprometida por los desechos contaminantes de la mina El Cerrejón que son arrastrados por el río.

Las inundaciones causadas por la represa han destruido cultivos y generado conflictos con los agricultores locales.

El impacto del embalse se extiende a cerca de cien mil personas, incluyendo a comunidades indígenas como los wayú, kogui y wiwa, quienes han visto cómo sus tierras y sitios sagrados han sido destruidos. Los campesinos también han sufrido pérdidas económicas debido a la falta de agua adecuada para sus cultivos.

Aunque el embalse fue concebido como una solución para los problemas de agua y energía en La Guajira, ha generado una serie de problemas ambientales, culturales y económicos que continúan afectando a las comunidades locales.

El proyecto de la represa, que comenzó a gestarse en 1983, tenía como objetivo abastecer de agua a los sistemas de acueducto de varios municipios, incluyendo San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Fonseca, Uribia, Distracción y Albania. La represa, de tipo enrocado con cara de concreto, tiene una altura de 110 metros y una capacidad de 198 millones de metros cúbicos de agua, cubriendo un área de 638 hectáreas.

Desde sus inicios, el proyecto enfrentó oposición de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes consideran al río Ranchería como un ser vivo y sagrado. Estos pueblos, entre ellos los Iku (Arhuacos), Kággaba (Koguis), Kankuamos y Wiwa, expresaron su desacuerdo con la construcción de la represa, ya que obstruir el río afectaría su vitalidad y los sitios sagrados a lo largo de su cauce.

Por su parte, algunas comunidades Wayúu y campesinas inicialmente vieron el proyecto como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, debido a las promesas de acueductos, riego y acceso a la energía. Sin embargo, surgieron críticas al asociar el proyecto con la privatización del agua, lo que podría limitar el acceso para otras comunidades.

A pesar de la oposición, los estudios de factibilidad y la licitación para el diseño y construcción de la represa continuaron sin consulta previa con los pueblos indígenas, lo que contraviene la ley. Fue solo en 2003 que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente exigieron la realización de consultas previas, aunque el proceso fue cerrado sin cumplir con todas las exigencias.

Las obras de la represa comenzaron en 2006, enfrentando problemas desde el inicio. Un incidente ambiental durante el lavado del túnel de desvío contaminó el agua, causando la muerte de más de 3.000 peces. Además, el fenómeno de La Niña en 2010 provocó un llenado anticipado del embalse, causando inundaciones en comunidades no contempladas en el área de influencia del proyecto.

La Contraloría General de la República señaló en 2018 un detrimento patrimonial significativo debido a la falta de recursos para continuar con las fases siguientes del proyecto.