Defensora del Pueblo criticó designación de exjefes paramilitares como gestores de paz: “¿Por qué esta vez sí podemos confiar?”

Las reacciones y la polémica que se generó a raíz de la designación del presidente Gustavo Petro como gestores de paz a 18 jefes exparamilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, no dejó ajena a la Defensoría del Pueblo.

Debido a la resolución 453 de 2024, expedida por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que se conoció el 12 de noviembre, la defensora Iris Marín Ortiz expresó varias dudas luego de conocerse este anuncio por parte del Gobierno nacional.

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El nombramiento de los 18 paramilitares coincidió con la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de imputar como responsables de reclutamiento a seis exintegrantes del secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo León Londoño (conocido con el alias de Timochenko al mando de las Farc-EP).

Ante estas dos noticias, la Defensoría del Pueblo dio a conocer en un comunicado sus preocupaciones sobre las designaciónes de los excabecillas de las AUC (Autodefensas Unidas Colombia) como gestores de paz en Colombia. Más aún tras conocerse que los seis exmiembros del secretariado de las Farc se les atribuye la responsabilidad por el reclutamiento de más de 18.000 menores entre 1971 y 2016.

Marín comentó que la violencia asociada al conflicto armado en el país sigue dejando profundas secuelas, sobre todo entre niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Solo en 2024, la Defensoría del Pueblo ha reportado el reclutamiento de 282 menores, con un alto porcentaje de afectados de comunidades indígenas y jóvenes mujeres. Estas cifras se consideran un reflejo del alto subregistro existente en casos de reclutamiento forzado y violencia relacionada.

La resolución por parte de la JEP, también reconoce a pueblos indígenas como afectados, evidenciando cómo la violencia ha castigado a comunidades vulnerables. Sin embargo, aseguró Ortiz, en contraste, el Gobierno informó del nombramiento de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz (Ramón Isaza, alias ‘El viejo’; Arnubio Triana, ‘Botalón’; Héctor José Buitrago, ‘Tripa’; Ramiro Vanoy, ‘Cuco Vanoy’; Hernán Giraldo, ‘Taladro’; Luis Eduardo Cifuentes, ‘El Águila’; Manuel de Jesús Pirabán, ‘Jorge Pirata’; Juan Francisco Prada, ‘Juancho Prada’; José Baldomero Linares, ‘Guillermo Torres’; Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’; Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’; Hebert Veloza, ‘HH’; Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40′; Rodrigo Pérez, ‘Julián Bolívar’; Fredy Rendón, ‘El alemán’; Edwar Cobos, ‘Diego Vecino’; y Héctor German Buitrago, ‘Martín Llanos’).

Estas figuras, que han sido responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, ahora están llamadas a participar en actividades de construcción de paz y garantías de no repetición. Sin embargo, algunas de estas personas ya habían incurrido en delitos de nuevo (es decir, habrían reincidido) tras acogerse inicialmente a procesos de paz.

La defensora del Pueblo cuestionó la eficacia de estas designaciones y plantea preguntas sobre la confianza que se puede depositar en antiguos actores del conflicto para fomentar la paz. Marín Ortiz sugiere que los procesos de paz necesitan estar basados en compromisos claros con la verdad, justicia y reparación a las víctimas.

“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, fueron varios de las preguntas que dejó parea reflexionar la defensora, en medio de sus declaraciones.

La defensora señala que el reconocimiento de gestores de paz no debe modificar el estatus legal de estos individuos, y propone la implementación de planes de trabajo monitoreables para asegurar que cumplan con sus nuevas responsabilidades.

Además, destaca la necesidad de que estos gestores reconozcan públicamente su responsabilidad en el conflicto armado, sin ser presentados como figuras morales para la construcción de paz.

Es crucial que las estrategias de construcción de paz en Colombia tengan como prioridad los derechos de las víctimas, especialmente de las niñas, niños y adolescentes. La justicia transicional debe garantizar el cumplimiento de las condenas y compromisos asumidos, resaltó la defensora.