Contraloría alertó sobre millonaria pérdida para el Estado por posible cancelación de proyecto vial en Valle del Cauca

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre las posibles consecuencias que tendría la terminación anticipada del contrato de concesión del proyecto vial Mulaló–Loboguerrero, un proyecto considerado de alta relevancia para el desarrollo económico y social del Valle del Cauca y del país.

El proyecto fue declarado de “interés estratégico” por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), subrayando su importancia para la conectividad de la región. Según los estudios, la nueva vía reduciría en 52 kilómetros y aproximadamente una hora y media el trayecto que actualmente se realiza por el corredor Cali-Mediacanoa.

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Sin embargo, retrasos y dificultades en su ejecución han planteado la posibilidad de una cancelación que dejaría un alto costo económico y medioambiental.

De acuerdo con el organismo de control, si esta decisión se concreta, el Estado colombiano se vería en la obligación de pagar alrededor de $700.000 millones, sin obtener en retorno ninguna obra física.

Además del impacto económico, la posible cancelación del proyecto Mulaló–Loboguerrero podría implicar también un retroceso en el ámbito medioambiental. La nueva vía no solo optimizaría el tiempo de viaje entre las dos localidades, sino que además contribuiría a una reducción de las emisiones de gases contaminantes, que actualmente son generadas por los vehículos que deben recorrer una mayor distancia en condiciones de tráfico pesado. Este beneficio ambiental es relevante en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire, una ventaja que perdería el país si la obra se detiene.

La cancelación, según advierte la Contraloría, dejaría a la Nación con activos sin valor tangible, como los estudios de diseño de la fase III, que podrían desactualizarse con el tiempo, y terrenos adquiridos para la construcción de la vía. Estos terrenos, ubicados a lo largo de los 32 kilómetros planificados para el trayecto, quedarían sin un uso claro y podrían incluso verse afectados por cambios en los planes futuros de infraestructura.

Ante estas preocupaciones, la Contraloría General de la República ha enfatizado la necesidad de que el Gobierno nacional actúe de forma decidida para evitar que el proyecto sea cancelado. En su informe, el organismo de control indicó:

“La Contraloría General hace un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que estudien la posibilidad de promover y ejecutar un plan a través del cual se definan acciones efectivas que permitan que el concesionario inicie la fase de construcción del proyecto, sin perjuicio”.

Este llamado busca promover una solución que permita la reactivación del proyecto y evite que el Estado incurra en un gasto sin retorno tangible. La Contraloría considera que se deben tomar decisiones orientadas a la continuidad de esta obra de infraestructura, con el fin de salvaguardar los intereses económicos del Estado, garantizar el bienestar de la región y preservar los beneficios medioambientales proyectados.

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, destacó recientemente la relevancia del trabajo de los veedores ciudadanos y los logros alcanzados gracias a sus denuncias a nivel nacional. En su intervención, resaltó que, actualmente, hay más de 26.700 veedores activos en todo el país, y que entre 2023 y 2024 se han gestionado más de 2.257 denuncias fiscales.

Gracias a estas acciones, y al trabajo coordinado con las gerencias colegiadas de la entidad, se han identificado 1.468 “elefantes blancos” y proyectos críticos en diversas regiones del país. Como resultado de estas gestiones, 141 obras han sido entregadas a la comunidad con un impacto de $1.9 billones.

Rodríguez Becerra también subrayó la importancia de las veedurías ciudadanas para la Contraloría General, al considerarlas una de las herramientas más efectivas para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas. “La gestión que realizan desde sus comunidades, junto con el trabajo de la Contraloría General de la República, ha sido clave para cumplir con nuestra misión de asegurar la correcta administración de los recursos públicos destinados a proyectos y programas comunitarios”.