Acusaron a ciudadano colombiano en Australia por someter a servidumbre forzada a varios venezolanos

Un ciudadano colombiano fue acusado el viernes 15 de noviembre de 2024 por un tribunal en Adelaida (Australia) por delitos de servidumbre por deudas agravado y servidumbre en contra de un grupo de venezolanos, a quien este sujeto ayudó a emigrar al país oceánico.

Los detalles sobre esta detención fueron brindados por la Policía Federal Australiana (AFP por sus siglas en inglés Australian Federal Police), que luego de realizar una inspección en la vivienda del colombiano, de quien no se reveló su identidad, pero sí se confirmó que tiene 38 años.

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Según lo que comentó la detective superintendente de la AFP, Melinda Adam, el connacional, que vivía en el suburbio de Kilburn, al norte de Adealida, ayudó a varios jóvenes venezolanos, a quien conocía porque los solía dirigir en un trabajo en Venezuela.

Como se conocían con anterioridad, los jóvenes le tenían confianza, y un primer grupo viajó a Australia en el 2015, explicó Adam, con la ilusión de conseguir mejores oportunidades laborales para labrarse una mejor vida, pero lo que encontraron fue un infierno.

Un segundo grupo de muchachos corrió con la misma suerte, tras viajar en 2016 sin saber lo que les iba a esperar.

Pero solo fue a inicios de 2024 cuando se conocieron las primeras denuncias que llevaron a la AFP a iniciar la investigación que concluyó con la diligencia judicial en la residencia del ciudadano colombiano, que se efectuó el jueves 14 de noviembre de 2024.

Luego de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Adeliada, se conocieron varios detalles escabrosos acerca del día a día que pasaban los ciudadanos venezolanos, que desde cuando arribaban a suelo australiano, eran sometidos a tratos “crueles, inhumanos y degradantes”, indicó el comunicado de la AFP.

El hombre de origen colombiano se hizo con el control de sus pasaportes y los habría sometido a un severo control, cargado de abusos y servidumbre. “Presuntamente mantenía un control diario de las víctimas siguiendo sus movimientos, restringiendo la actividad diaria, programando tareas diarias obligatorias, controlando los ingresos y obligando a las víctimas a pagar deudas que se les imponían de forma irrazonable”.

Las autoridades también agregaron que el colombiano aislaba a las víctimas de su familia y amigos, restringiendo o supervisando las comunicaciones y los mensajes privados con sus seres queridos.

Pero los castigos iban más allá, al punto que, como menciona el documento oficial de la AFP, este hombre al parecer, en varias ocasiones, “los dejaba encerradas fuera de la vivienda colectiva o dentro de armarios durante varios días”. Por todo esto, y en medio del allanamiento a la vivienda del connacional, los investigadores también incautaron dispositivos electrónicos y documentación que hacen parte del acervo probatorio con el cual buscan que este hombre sea condenado.

“Las prácticas de servidumbre, incluida la servidumbre por deudas, se producen cuando se somete a las personas a condiciones que no han aceptado”, indicó la detective Adam, y añadió que “las víctimas se ven considerablemente privadas de libertad personal en todos los aspectos de su vida, y a menudo se utilizan contra ellas amenazas, coacción o engaños”.

Esto, es un factor clave de acuerdo con lo que dijo Adam. Todo por que “los delincuentes suelen beneficiarse o aprovecharse de las personas vulnerables que no pueden o no quieren denunciar las condiciones de explotación por miedo a las represalias de los delincuentes, al aislamiento social y a la dependencia económica de los delincuentes”.

Por último, la AFP indicó una serie de recomendaciones para que, si conoce a un familiar, amigo, o allegado que esté trabajando en Australia y tenga sospechas sobre abusos por parte de su empleador, pueda denunciar la situación:

• Imposibilidad de que el empleador o el gerente muestren registros de los salarios pagados a los trabajadores.
• Imposibilidad de acceder a los ingresos o ahorros.
• Si los trabajadores viven en lugares inadecuados para vivir, como edificios agrícolas o industriales, o en alojamientos hacinados o inseguros.
• No contar con un contrato laboral formal.
• Que los empleados sean obligados a trabajar jornadas muy extensas.
• No contar con elección de alojamiento.
• No poder salir de los locales de trabajo sin ser escoltados por su empleador.
• No poder moverse con libertad.
• Intentar poner orden y disciplina en los lugares de trabajo mediante multas.
• Ser sometidos a insultos, malos tratos, amenazas o violencia.
• Que el empleador no proporcione formación básica.
• Si se llega a proporcionar información en lenguas distintas de la lengua local en el lugar de trabajo.
• Que en el lugar de trabajo no tengan fijados avisos de salud y seguridad.
• Que el empresario o jefe no pueda mostrar los documentos necesarios para contratar a trabajadores de otros países.
• Contar con equipos de salud y seguridad de mala calidad o, en su defecto, no tenerlos.
• Tener equipos de trabajo diseñados o modificados para que puedan ser utilizados por niños.
• Para esto lo más recomendable es recolectar pruebas de que se infringe la legislación laboral, y que los trabajadores deben pagar las herramientas o de que se les descuentan ilegalmente de su salario los gastos de comida o alojamiento, en algunos casos.