Nuevo escándalo salpica al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca: su hermano habría firmado millonarios contratos con el Estado

Una serie de revelaciones ha colocado nuevamente al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, en el centro de una controversia política. A las denuncias previas de violencia política y falta de garantías en los debates, se ha sumado esta semana una nueva polémica, relacionada con contratos públicos suscritos por su hermano, el contador Juan Carlos Salamanca Torres, con varias entidades del Estado.

En particular, uno de los contratos que ha desatado más atención es el firmado el 7 de noviembre entre el hermano del congresista y el Senado de la República, por un monto superior a los $17 millones. Este contrato, que tiene una vigencia de apenas dos meses, está destinado a la prestación de servicios profesionales en la sección de Contabilidad del Senado; y según el proceso publicado en la plataforma SECOP II, los pagos serán efectuados de forma mensual, con un pago inicial proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

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De acuerdo con el detalle del contrato, las funciones asignadas a Juan Carlos Salamanca incluyen tareas de apoyo en las reuniones relacionadas con el proceso de depuración contable, colaboración en la actualización de manuales de procedimiento y apoyo en el análisis mensual de la calidad de la información financiera y contable.

Sin embargo, la polémica no solo ha sido sobre la cuantía del contrato, sino sobre las posibles implicaciones políticas detrás de su adjudicación. Santiago García, miembro de una veeduría ciudadana del Congreso, señaló que este contrato podría haber sido concretado con la intervención directa de su hermano, el presidente de la Cámara.

Por ello, advirtió que este tipo de maniobras podrían constituir un delito de tráfico de influencias, conforme al artículo 411 del Código Penal colombiano, que establece penas de entre seis y doce años de prisión, así como multas de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho años, para quienes alteren ilícitamente los procedimientos contractuales.

Pero, los contratos con el Senado no son los únicos que han generado sospechas sobre el comportamiento de la familia Salamanca. Según una investigación de El Colombiano, Juan Carlos Salamanca ha suscrito al menos tres contratos adicionales en el último año, por un total superior a los $68 millones con el Icetex, el organismo encargado de otorgar créditos educativos en Colombia.

De acuerdo lo conocido por el medio citado, en 2023, Salamanca obtuvo dos contratos con esta entidad, lo que coincidió con un periodo en el que Icetex fue objeto de denuncias por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos.

Pero las conexiones entre el hermano del presidente de la Cámara y el sector público no se limitan a Icetex. Según La FM, Juan Carlos Salamanca también obtuvo contratos con la Gobernación de Boyacá, gobernada por Carlos Amaya, mentor político de Jaime Raúl Salamanca. Uno de estos contratos, por un valor cercano a los $16 millones, fue firmado a finales de 2022, cuando la gobernación estaba en manos de Ramiro Barragán, también aliado político de Amaya.

Además, el medio reveló que Salamanca tuvo otros contratos con la Nueva Licorera de Boyacá, creada durante el mandato de Amaya, que sumaron un total de $26 millones en 2021.

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, aún no ha emitido una respuesta pública a estas acusaciones. Sin embargo, es probable que este nuevo escándalo genere más presión sobre su figura política, especialmente en un contexto en el que las denuncias por corrupción y favoritismos dentro del aparato estatal siguen en aumento.

Cabe recordar que, este último, junto con varios miembros de la Alianza Verde, ya fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos. Lo anrterior, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconociera públicamente que varios congresistas de ese partido tenían influencia dentro del Gobierno de Gustavo Petro y ocupaban cargos de burocracia en distintas entidades estatales.