Margarita Cabello le salió al paso a las críticas de Álvaro Leyva por inhabilitación: “Las decisiones judiciales se respetan”

El 12 de noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación hizo pública su decisión de inhabilitar por diez años al excanciller Álvaro Leyva, puesto que lo halló culpable de permitir varias irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.

Según el órgano de control, la falta de justificación adecuada para anular el proceso de licitación implica una posible transgresión de las normas legales y técnicas que deben guiar este tipo de procedimientos. Además de señalar que hubo una violación de los estatutos que regulan la contratación por parte del Estado.

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Luego de conocer la sanción, el excanciller Leyva habló en rueda de prensa sobre el fallo en su contra, argumentando que la decisión de la Procuraduría General de la Nación no está ligada a los hechos, sino que es un fallo político.

A juicio del exfuncionario, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, no hizo bien su trabajo, sino que estaba sesgada en el caso. En ese sentido, sostuvo que Cabello violó su derecho al debido proceso, por lo que espera que se investigue la conducta de la procuradora.

“Desde finales del año 2023, ya la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, actuando ligeramente, incurrió en prejuzgamiento al anunciar públicamente que “antes de finalizar enero tendremos resultados”, siendo ella la superior y nominadora de quienes hoy me sancionan, y la competente para decidir en segunda instancia. Violó con ello el derecho irreductible al debido proceso, garantía imperativa, perentoria, terminante e inderogable. Obviamente, la citada funcionaria será objeto de recusación”, escribió en un comunicado para la opinión pública.

A su turno, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, respondió a los señalamientos del excanciller. En rueda de prensa, recordó que al no ser elegido por voto popular no puede escudarse en argumentos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El exministro Leyva no fue elegido popularmente, por lo tanto, todos los temas que tienen que ver o están relacionados con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no vienen al caso”, dijo.

A su vez, la alta funcionaria afirmó que todas las medidas judiciales y administrativas son un mandato estatal, por lo que deben de ser atendidas con carácter obligatorio a pesar de que no se compartan.

“Las sanciones deben ser respetadas y más por las altas autoridades, aunque no se compartan, eso da tranquilidad en todo el país. Hay que respetarlas, hay que acatarlas, por lo que lo mismo que hace la Procuraduría deberían hacerlo todas las autoridades del país”, concluyó.

Tras la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que lidera Cabello, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó la gestión y decisiones que tomó la alta funcionaria en el caso de los pasaportes.

“Lo que ha hecho la procuradora, con Álvaro Leyva, es un acto de inmensa injusticia. Ha inhabilitado políticamente a Leyva con una sanción de perdida de sus derechos políticos a perpetuidad”, señaló.

Así las cosas, destacó que la inhabilitación del excanciler representa un ataque directo a la convención americana de Derechos Humanos que estableció que no se le pueden quitar a las autoridades administrativas sus derechos. De igual manera, sostuvo que este tipo de acciones no son típicas de una democracia sino de un Estado totalitario.

“Eso es un choque de frente contra la convención americana de DDHH que prohíbe taxativamente a las autoridades administrativas quitar derechos políticos. Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de las democracias”, se lee en su cuenta de X.