La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exlíderes del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado en Colombia.
Entre los señalados se encuentran alias Timochenko, alias El Médico, alias Joaquín Gómez, alias Pablo Catatumbo y alias Carlos Antonio Lozada. Según la JEP, entre 1996 y 2016, se produjo un aumento significativo en el reclutamiento de menores, con un total de 18.677 niños y niñas involucrados en el conflicto.
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Debido a esto, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó en una entrevista con Mañanas Blu que, aunque las Farc tenían una normativa interna que prohibía el reclutamiento de menores de 15 años, en la práctica reclutaban a niños desde los 8 años.
Ramelli destacó que la apariencia física de los menores era más valorada que la verificación de su edad real, lo que facilitó la incorporación de niños al conflicto. Además, existía un sistema de cuotas que obligaba a los frentes guerrilleros a aumentar su personal, intensificando así el reclutamiento de menores.
“Era más importante la apariencia física que la verificación de la edad”, dijo el presidente de la JEP a Blu Radio.
Los menores reclutados por las Farc fueron sometidos a condiciones de vida extremadamente duras, según el informe de la JEP. Se documentaron casos de torturas, malos tratos y violencias sexuales, incluyendo agresiones específicas contra niñas y violencias reproductivas. También se registraron actos de violencia contra niños y niñas de la comunidad LGBTI. Estos hallazgos han sido fundamentales para la imputación de los exlíderes guerrilleros.
La JEP señaló que, si los excomandantes aceptan su responsabilidad, podrían enfrentar sanciones de cinco a ocho años. Estas sanciones no implicarían penas de cárcel, pero sí medidas restrictivas de sus derechos, como la realización de trabajos restaurativos. Esta decisión es parte del esfuerzo por buscar justicia transicional y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El reclutamiento forzado de menores por las Farc es considerado uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia. La JEP ha centrado sus acciones en el periodo entre 1996 y 2016, cuando se observó un incremento significativo en estas prácticas. La imputación de los exlíderes guerrilleros busca avanzar en el proceso de justicia y reparación para las víctimas, en un contexto de búsqueda de paz y reconciliación en el país.
Impactante informe: las Farc y el reclutamiento infantil en Colombia
En un extenso documento de 759 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis miembros del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento forzado de menores. Según el informe, estos líderes son responsables del reclutamiento de 18.677 niños y niñas, muchos de ellos bajo amenazas y uso de la fuerza. Esta es la primera vez que se imputan cargos a miembros de esta antigua guerrilla por tales crímenes, que incluyen desde malos tratos hasta esclavitud sexual y tortura.
La JEP identificó a Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) como los principales responsables.
De estos, Gallo y Catatumbo actualmente son senadores del partido Comunes, surgido del Acuerdo de Paz de 2016. La imputación señala que, aunque las Farc formalmente prohibieron el reclutamiento de menores de 15 años, en la práctica muchos reclutas eran incluso más jóvenes, algo que los comandantes no previnieron ni detuvieron.
El documento de la JEP también reveló que estos líderes permitieron que se cometieran graves crímenes de guerra, como torturas y violaciones sexuales, al no tomar medidas para detener estas prácticas. La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07 sobre reclutamiento de menores, destacó que había información disponible sobre violencias basadas en género dentro de las filas, pero no se actuó al respecto.
Los testimonios de las víctimas acreditadas, que suman 951, muestran que el 57% de los niños fueron reclutados bajo amenazas o coerción, y el 64% tenía 14 años o menos al momento de ser reclutados. Un testimonio recogido por la JEP relata cómo un niño de 14 años fue obligado a unirse a las Farc bajo la amenaza de que su familia tendría que huir si no lo hacía.
Además de las amenazas, las Farc también utilizaron el engaño para reclutar menores. Un caso documentado describe cómo un comandante prometió beneficios económicos a la familia de una niña de 15 años si se unía a las filas, promesas que nunca se cumplieron.
La vida de los niños en las filas de las Farc fue descrita como una tortura. Los menores eran sometidos a entrenamientos extremos y vivían bajo un régimen disciplinario brutal. Las niñas, en particular, sufrieron violencias adicionales debido a su género, incluyendo violaciones y abortos forzados. La JEP ha registrado al menos 10 casos de asesinatos de bebés recién nacidos.
El impacto del reclutamiento forzado también afectó a comunidades indígenas, como los pueblos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, que fueron colectivamente acreditados como víctimas. La vulnerabilidad de estas comunidades fue explotada por las Farc para imponer su autoridad y reclutar menores.
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