Ana Páez, una madre colombiana, sigue buscando justicia y verdad tras la desaparición y muerte de su hijo, Eduardo Garzón Páez, en uno de los falsos positivos en Soacha en 2008.
Este caso es parte de un escándalo en el que el Ejército Nacional de Colombia fue acusado de asesinar a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
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Eduardo Garzón desapareció el 4 de marzo de 2008 y fue encontrado muerto el 28 de agosto del mismo año en Cimitarra, Santander. Ana Páez relató para KienyKe que al llegar a Cimitarra le informaron que su hijo había muerto en un combate, lo que la dejó en estado de shock.
Sin embargo, al reconocer el cuerpo, notó irregularidades, como las botas puestas al revés y un uniforme sin manchas de sangre, lo que aumentó sus sospechas sobre la verdadera causa de su muerte.
El caso de Eduardo es uno de los 19 jóvenes desaparecidos en 2008 en circunstancias similares. La revelación de estos hechos desató un escándalo mediático que puso en evidencia un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército colombiano.
Ana Páez, junto con otras madres, se unió a Mafapo (Madres de los Falsos Positivos de Bogotá y Soacha) para exigir justicia y esclarecer la verdad detrás de estos crímenes.
“Recuerdo mucho que el personero de Soacha nos ayudó a reunirnos. Hablé con las demás señoras y vimos lo idéntico de nuestras historias, solo cambiaba el lugar en el que habían sido encontrados, pues mi hijo apareció en Cimitarra, las de otras lo encontraron en Ocaña. Desde allí empezamos nuestra lucha de madres de Soacha”, relató en la entrevista.
Ana, que ha enfrentado amenazas y ha tenido que cambiar de residencia varias veces por seguridad, ha dedicado su vida a buscar justicia para su hijo.
A través de la Justicia Especial para la Paz (JEP), ha logrado establecer que Eduardo fue trasladado desde su barrio en Bogotá, Santa Isabel, hasta Soacha, donde fue engañado y posteriormente asesinado.
A pesar de que algunos responsables han sido capturados y liberados tras colaborar con la JEP, Ana sigue preguntándose quién dio la orden de estos asesinatos.
“Había unos informantes o mejor llamados reclutadores. Delante de la JEP me aseguraron que Eduardo lo trasladaron a Soacha. Allí se encontró con otro muchacho y a los dos los montaron en un camión rumbo al terminal. Cuando estuve en Cimitarra, el mismo sepulturero me confirmó ver a dos jóvenes tomándose una gaseosa en el centro del pueblo, luego subirse a una camioneta sin presión alguna. Al día siguiente los tuvo que enterrar. De manera que ellos por un lado conocían a los reclutadores y estaban engañados hasta el día en que los asesinaron”, señaló Páez para KienyKe.
A lo largo de los años, Ana ha compartido su historia en diferentes partes del mundo, buscando mantener viva la memoria de su hijo y la lucha por la verdad. Aunque vive sola para no ser un problema para sus hijos y nietos, continúa participando en actividades de memoria y reconciliación, como los tejidos que realiza en el Centro de Memoria.
Las madres contra Polo Polo
Jaqueline Castillo, madre de una víctima de los falsos positivos, anunció una demanda penal contra el representante Miguel Polo Polo por daños morales y materiales, exigiendo además su destitución del Congreso. Este incidente ocurrió después de que Polo Polo arrojara a la basura unas botas que se exhibían en el Capitolio como homenaje a las víctimas de falsos positivos.
El acto de Polo Polo generó una fuerte reacción en la plenaria de la Cámara el 13 de noviembre, donde las madres de las víctimas confrontaron al representante. Castillo, en su intervención, solicitó una sanción disciplinaria contra Polo Polo, argumentando que su acción revivía el desprecio con el que fueron tratados sus seres queridos. “Nos revictimizan, vuelven y asesinan a nuestros familiares al tratarlos como basura”, expresó Castillo.
El representante David Racero también se enfrentó a Polo Polo durante la sesión, apoyando la petición de las madres de las víctimas. Castillo defendió la cifra de 6.402 víctimas de falsos positivos, avalada por investigaciones de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Centro Nacional de Memoria Histórica y organizaciones de derechos humanos. “A todos los que dudan de esta cifra, pueden acercarse a estos espacios y pronto verán el parque memorial con los nombres de todas estas víctimas”, afirmó Castillo.