El caso de presunto maltrato por parte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco ha dado un nuevo giro, ya que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha decidido estudiar nuevamente el caso.
De acuerdo con la investigación de W Radio, la entidad revocó la resolución de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, que había negado la apelación presentada por el fiscal Yesid Javier Durán Franco.
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El fiscal había interpuesto una queja formal contra la jueza, acusándola de exigirle comenzar audiencias sin el tiempo adecuado de preparación, lo que él describió como una actitud “temeraria” y “abusiva” que afectó su salud física y mental.
Este conflicto se originó en agosto de 2022 y llevó a Durán Franco a presentar la queja ante la Comisión Seccional, que en mayo de 2024 archivó el proceso disciplinario por falta de pruebas.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al revisar el caso, consideró que el fiscal tenía derecho a apelar como quejoso, según lo establece la Constitución Política, y le otorgó el derecho de apelar.
Esta decisión permitirá la continuación del proceso disciplinario contra la jueza Polanía, lo que implica una nueva revisión de pruebas y alegatos presentados por ambas partes.
El expediente será devuelto a la Comisión Seccional, que deberá proceder conforme a las instrucciones de la Comisión Nacional, lo que abre la puerta a nuevas etapas en el proceso.
Los controvertidos casos de la jueza Vivian Polanía
Este no es el único escándalo que ha protagonizado la jueza. En septiembre de 2023, Polanía fue suspendida de su cargo por tres meses luego de que se hiciera viral un video donde participaba en un evento con un bailarín exótico dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta.
En el video, Polanía, vestida de blanco, aparece mientras un hombre sin camisa le baila y toca el cuerpo, lo cual generó una avalancha de críticas sobre la imagen de la administración de justicia en Norte de Santander.
Ante la controversia, Polanía defendió su comportamiento, afirmando en una entrevista con la periodista Vicky Dávila que el evento había sido malinterpretado y que no se trataba de un espectáculo erótico, sino de una actividad en un restaurante conocido por sus postres inusuales. Además, sostuvo que este episodio es parte de una campaña de difamación y acoso laboral para removerla de su cargo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha argumentado que su suspensión es una medida preventiva para investigar el impacto del incidente en la reputación del sistema judicial y, a medida que avanza la indagación, otros funcionarios judiciales presentes en el evento también han sido señalados.
La trayectoria de Polanía ha estado marcada por otras polémicas. En noviembre de 2022, fue captada en video durante una audiencia virtual mientras fumaba y vestía ropa interior, lo que suscitó fuertes críticas y derivó en una investigación por presuntas faltas disciplinarias.
Este incidente fue seguido por otro momento controvertido en el que, durante otra audiencia virtual, la jueza confundió la marihuana con la valeriana, sugiriendo de manera errónea tomar gotas de la primera antes de corregirse rápidamente.
Ambos incidentes despertaron dudas sobre la idoneidad de Polanía para desempeñar sus funciones y llevaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta a emitir una circular recordando a los jueces la importancia de mantener las cámaras encendidas durante las diligencias virtuales, con el fin de garantizar transparencia y decoro en los procedimientos judiciales.
La legislación colombiana, en particular la Ley 270 de 1996, establece claramente que los funcionarios de la Rama Judicial deben actuar con dignidad y profesionalismo, evitando cualquier conducta que pueda comprometer la confianza pública en la administración de justicia.
Este debate no es nuevo; en 2020, la actividad de Polanía en redes sociales ya había suscitado controversia, con una audiencia dividida entre quienes consideran su estilo y publicaciones personales como una manifestación de su individualidad y quienes creen que su imagen afecta negativamente la credibilidad de la justicia.
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