En 2016, el Gobierno nacional y las Farc llegaron a un acuerdo luego de tres años de negociaciones; sin embargo, el 12 de octubre se llevó a cabo un plebiscito en el que la mayoría de colombianos rechazaron la firma de la paz, lo que fue una sorpresa que encabezó las primeras planas de múltiples diarios en el mundo.
Con este panorama y luego de una masiva marcha en la que miles de ciudadanos pedían un #AcuerdoYA, la delegación en La Habana escuchó las propuestas de los representantes del no y finalmente el 12 de noviembre anunciaron que había un acuerdo final con el grupo guerrillero.
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No fue sino hasta el 24 de noviembre que el entonces presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el Acuerdo Final de Paz y el 1 de marzo de 2017 se registró la primera entrega de armas por parte de las Farc a la ONU.
Es por ello que ocho años después del anuncio sobre la conclusión de la negociación con el grupo armado, en Infobae Colombia hablamos con Juana Inés Acosta López, directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, que entregó su postura sobre el cumplimiento del quinto punto del acuerdo.
Cabe mencionar que, este punto se refiere a lo relacionado con “los acuerdos sobre las víctimas del conflicto” y su objetivo principal es “dar respuesta a la necesidad y a la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas, investigar y sancionar los crímenes más graves ocurridos en el marco del conflicto armado y dar seguridad jurídica a los responsables, en el marco de un modelo de justicia transicional sin precedentes en el mundo”.
En primer lugar, Acosta indicó que la Comisión de la Verdad ha cumplido con su deber, pero destacó que hay un debate sobre el alcance del informe entregado y principalmente para hacer que este sea expuesto de una manera más pedagógica en las poblaciones.
“Hay avances importantes, la Comisión de la Verdad entregó su informe final, entregó recomendaciones, hay un comité de seguimiento de las recomendaciones, hay un cumplimiento, pero eso no significa que no hay desafíos sobre el alcance, hay varias discusiones sobre la legitimidad del informe, saber si incluye todas las voces sobre lo que paso en el conflicto armado. La propia comisión ha abierto la discusión sobre las versiones que incluye. Hay un desafío porque el resumen tiene más de 1.000 páginas”.
Sobre la búsqueda de desaparecidos, la experta indicó que es un factor que aún no se ha cumplido a cabalidad tras ocho años y que, teniendo en cuenta las cifras sobre esta problemática, no está cerca de tener un avance significativo aún.
“En cuanto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hay avances en la búsqueda y entrega de personas, incluso con la JEP, pero también hay por cuestiones organizativas desafíos importantes, las cifras para el número de desaparecidos no dan, hay un reto significativo ahí”.
Al hablar de los avances de la JEP, Acosta indicó que hay varios casos que han demostrado que en Colombia el proceso de paz ha entregado verdad, pero criticó el “retraso procesal” sobre las sanciones restaurativas, que para ella genera una “percepción de que no ha avanzado”.
“Hay un avance importante en 11 macrocasos para encontrar los patrones criminales, de los más graves. Sancionar a los máximos responsables; han pasado cosas históricas como reconocimiento de responsabilidad por parte de las Farc y de la Fuerza Pública, avances en toma de rehenes, de las ejecuciones extrajudiciales, probablemente en esos dos casos van a haber las primeras sanciones”, indicó Juana Inés Acosta López.
Por último, Acosta indicó que es “difícil hablar de un cumplimiento del 100%, pero es normal, las experiencias internacionales demuestran que es una realidad que difícilmente es alcanzable en contextos que se han registrado violaciones de los derechos humanos que duraron tantos años”.