En un fallo emitido el martes 12 de noviembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió a resolver a favor de Telefónica, permitiendo a la multinacional española recuperar aproximadamente quinientos millones de euros del Estado colombiano.
Este monto incluye 357,6 millones de euros ya desembolsados, intereses compuestos desde 2018 y costas judiciales, según informó el Ciadi.
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La controversia se originó en 2018, cuando se discutió la devolución al Estado colombiano del valor del espectro radioeléctrico adjudicado a Telefónica y Claro hace 30 años, sin considerar inicialmente el reintegro de la infraestructura utilizada.
Así mismo, el conflicto se remonta a 1994, cuando el gobierno colombiano firmó contratos de concesión con Telefónica para la telefonía móvil, estableciendo una cláusula de reversión de activos. Sin embargo, se acordó no ejecutar dicha reversión para fomentar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, según la Ley 422 de 1998, ratificada en 2009.
En 2017, un laudo arbitral obligó a Claro y a Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) a pagar al Estado colombiano 1.400 millones de euros, de los cuales cuatrocientos millones correspondían a Colombia Telecomunicaciones, participada por Telefónica en un 67,5%.
El fallo del Ciadi, presidido por el brasileño José Emilio Nunes Pinto, junto con el co-árbitro argentino Horacio Grigera y el francés Yves Derains, determinó que Colombia incumplió su obligación de otorgar un trato justo a las inversiones de Telefónica.
Este fallo se produce después de que un tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá fallara en contra de las compañías en 2021, lo que llevó a Telefónica a recurrir al Ciadi.
Por ese motivo, el 12 de noviembre, el tribunal internacional le notificó a la compañía española Telefónica el fallo en el que considera que el Estado de Colombia incurrió en el incumplimiento con su deber de otorgar un trato “justo y equitativo” a las inversiones de la multinacional, por lo que decidió condenarlo a pagar aproximadamente 380 millones de dólares, con los respectivos intereses que tendrían un tasa del 5% y cuyo concepto de compensación, es por los daños ocasionados.
“El Tribunal ha considerado que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica”, indicó la compañía española a través de un comunicado.
Así mismo, el Ciadi ordenó que Colombia deberá pagar los honorarios de los abogados que fueron utilizados por Telefónica durante todo el proceso jurídico, sumándole los intereses que se generaron durante el tiempo que duró el litigio.
La representación legal de Telefónica estuvo a cargo del despacho White & Case, mientras que Colombia fue representada por el bufete parisino Dechert. Este caso subraya la complejidad de las inversiones extranjeras y las disputas legales en el sector de las telecomunicaciones, destacando la importancia de los acuerdos internacionales en la resolución de conflictos.
Telefónica y Colombia protagonistas de una prolongada disputa legal iniciada en 2017
El proceso legal entre Telefónica y el Estado colombiano comenzó en 2017, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia demandó a Claro y Movistar por la reversión de activos.
El conflicto se originó cuando el MinTIC exigió a las empresas de telecomunicaciones el pago de aproximadamente 4,7 billones de pesos, tras un fallo del Tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Claro fue condenada a pagar 3,1 billones de pesos, mientras que Movistar debía abonar 1,6 billones. Telefónica, que posee el 67,5% de Colombia Telecomunicaciones (Coltel), recurrió a un arbitraje internacional con el respaldo del bufete White & Case, argumentando que el pago era indebido.
Telefónica alegó que los términos de la reversión violaban el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri), y el Ciadi ha confirmado que Colombia no garantizó un trato justo y equitativo. Además de la compensación económica, el Estado colombiano deberá asumir los costos legales de Telefónica en el proceso.
Este fallo representa un giro en la disputa que mantuvo a estos dos actores enfrentados durante años. La decisión del Ciadi resalta la importancia de los acuerdos internacionales en la protección de inversiones extranjeras y establece un precedente en la interpretación de estos tratados en el contexto de disputas comerciales.
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