Colombia vive momentos de tensión en cuanto al futuro económico se refiere. Por un lado, ya faltan menos días para que representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos laborales empiecen a negociar el aumento del salario mínimo de 2025, remuneración que reciben más de dos millones de trabajadores colombianos y que en la actualidad es de $1.300.000, sin auxilio de transporte.
Esto, en medio de las discusiones que siguen en torno al proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, que, en definitiva, no genera empleo ni ataca la informalidad, sino que produce sobrecostos a las empresas y protege los derechos de los empleados, lo que destruiría más de 450.000 empleos, según un estudio del Banco de la República. Dicha iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y espera por dos debates más en el Senado.
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Mientras ambos se dan, principalmente, sobre el salario mínimo, cada vez hay más proyecciones sobre lo que será el aumento, pero los principales actores todavía no dan cifras concretas.
Por ejemplo, una de las más llamativas la dio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que afirmó que “el salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación causada y se toma como punto de referencia la inflación del mes de septiembre. Si en el mes octubre quedó en 5,41%, es probable que la del mes de noviembre esté en 5,2%, ese sería el punto de partida”. Además, anotó que “a esto hay que agregarle productividad y otros factores, eso significaba que si se sigue la tradición colombiana es que el ajuste del IPC + 1, tendríamos un 6,2% y si hay algún ajuste mayor nunca podría estar en un nivel de dos dígitos”.
Así las cosas, si se da el aumento que prevé el ministro, sería de $80.600, lo que dejaría al salario en $1380.600 para el próximo año. Dicha cifra es lejana a lo que ya dio a conocer el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, que indicó que apostarán por una subida del 15%, es decir, de $195.000 para que quede en $1.495.000.
Qué se espera de las negociaciones
Ante esto, los empresarios se han mostrado bastante activos con lo que puede pasar. Un día después de lo dicho por el ministro Bonilla, fue la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, la que se refirió al asunto y dijo lo que espera de las negociaciones.
“Nosotros lo que esperamos es que haya consistencia y coherencia con la realidad del país. Y en ese sentido, que esté acorde con la inflación y los niveles de productividad, lo que sugiere que debería de ser por debajo de dos dígitos”, tras su intervención en el XI Congreso de la Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias).
Además, que también tiene que ver con la realidad de la viabilidad del sector empresarial.
La dirigente advirtió que, si no se tienen empresas que puedan cubrir con esos requerimientos, pues, efectivamente, “vamos a llevar a un proceso de mayor desempleo, que está manteniéndose, pero que de una u otra forma está estancado. Necesitamos es la forma de generar crecimiento para que ese crecimiento sí pueda generar una oportunidad constante y unos ingresos constantes para los colombianos”.
Formalización de las empresas
Sobre la reforma laboral, Lacouture expresó que la formalización es la base del crecimiento y de las oportunidades de acceso al crédito, principalmente, para las microempresas, ya que solo el 26% de las empresas tiene acceso a financiamiento y esto limita su desarrollo.
Para ella, parte del ejercicio, definitivamente, y de la gran necesidad en política pública, es cómo se logran generar herramientas que permitan formalizar.
“La formalización es la base del crecimiento y de las oportunidades que va a tener un país de ser sostenible. Al final, la formalización lo que permite es que cada una de las empresas tenga una posibilidad de aportar, no solamente a sistemas, sino que también pueda crecer alrededor de las oportunidades que tiene el sistema”, insistió.
Lacouture dijo que cuando se habla de economía popular y de el micronegocio, en efectivo, se habla es de un gran número del tejido empresarial que existe en el país que, en definitiva, no aporta esa base de crecimiento que pueda contribuir a que se tenga una sostenibilidad de país a largo plazo.
Finalizó al decir que “tenemos que lograr incentivar y lograr darles las herramientas para que puedan volverse parte indispensable de ese proceso”.