Reforma a la justicia: Senado aprueba en primer debate el proyecto que busca la descongestión procesal

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en su primer debate el proyecto de reforma a la justicia, un controvertido proyecto de ley que busca implementar herramientas legales para reducir la congestión en los sistemas penitenciario y judicial. Esta iniciativa pretende ajustar el marco jurídico para agilizar los procesos penales y promover métodos alternativos de sanción y reparación en casos de delitos culposos.

La iniciativa, promovida por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, obtuvo una votación inicial con 15 votos a favor y 2 en contra, lo cual impulsó el análisis del articulado en una sesión caracterizada por un ambiente mayoritariamente favorable hacia la propuesta.

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Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la inclusión de un mecanismo de reparación integral, que permitiría a los procesados obtener rebajas de penas y otros beneficios a cambio de indemnizar a las víctimas. Este enfoque, propuesto en el artículo tres del proyecto, introduce la reparación integral como una posible causal para extinguir la pena, de esta manera, el procesado quedaría exonerado de su delito y la pena sería fijada a través de un acuerdo entre el agresor y las víctimas o por un perito judicial que determine el valor de la indemnización.

Este artículo, de acuerdo con lo expuesto en el debate, busca responder a una pregunta fundamental sobre la justicia en Colombia: “¿Qué justicia nos sirve más?, la restaurativa para las víctimas en un estado de conflicto que llevamos 70 años, o la punitivista que tiene la impunidad del 90%”, de acuerdo con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

Ella planteó esta interrogante en una intervención dirigida a los senadores, al sugerir que un enfoque restaurativo podría no solo aliviar la sobrecarga judicial, sino también ofrecer una respuesta más satisfactoria a las víctimas.

Uno de los problemas que nace en la crisis de la justicia colombiana es la saturación de procesos, tanto en los tribunales como en los centros penitenciarios. Según cifras entregadas por la jefa de cartera en su debate, la tasa de ocupación carcelaria en el país supera el 120%, mientras que los juzgados enfrentan atrasos significativos, exacerbados por la alta demanda de procesos sin resolución efectiva. La reforma intentaría enfrentar estos desafíos mediante alternativas como la reparación económica, que permitiría reducir el número de personas privadas de la libertad por delitos culposos, al tiempo que ofrece justicia a las víctimas sin saturar el sistema carcelario.

Un aspecto controvertido de la reforma fue el artículo 7 del texto original, el cual suscitó críticas previas a la discusión del proyecto. Este artículo había propuesto reducciones de penas para ciertos delitos graves, como aquellos cometidos contra menores de edad. Debido a la sensibilidad del tema y al rechazo de algunos sectores de la sociedad y del Senado, la Comisión decidió eliminar este artículo antes de la votación, despejando así uno de los principales obstáculos del proyecto.

Posteriormente, en un debate que se extendió por más de cuatro horas, se aprobó el primer bloque de 10 artículos (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) con 14 votos a favor y 1 en contra. Entre los opositores se encontraba el senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, que argumentó que su voto negativo se debía a su rechazo a apoyar iniciativas que a su juicio podrían beneficiar a personas que él califica de “bandidos”.

El artículo 11, que introduce “principios de oportunidad y preacuerdos” en casos de terrorismo, secuestro y extorsión, fue aprobado sin modificaciones. Este artículo permitiría que se otorguen beneficios judiciales a personas condenadas por delitos de esta índole, siempre y cuando se comprometan a colaborar con la justicia para desmantelar la organización criminal a la que pertenecían. Este punto generó opiniones divididas en el seno de la Comisión y en el ámbito público, ya que se trata de un mecanismo con potencial para fomentar la cooperación con la justicia, pero con el riesgo de ser percibido como una concesión a individuos involucrados en actividades terroristas.

Según Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, esta medida busca agilizar los procesos sin que esto signifique otorgar “demasiados beneficios a los delincuentes”.

“No es cierto desde el punto de vista cuantitativo. Y, por el contrario, estimulamos que realmente este colapso que enfrenta el sistema procesal colombiano encuentre un respiro”, mencionó Chaverra.

Al cierre de la sesión, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, señaló que los ponentes de la reforma tienen un plazo de ocho días para presentar el informe de ponencia que se debatirá en la siguiente fase del trámite legislativo.