Ante la crítica situación en el departamento de Chocó, donde las graves inundaciones dejaron a miles de afectados y destruyeron viviendas, cultivos y vías, a lo que se suma la presión del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 9 de noviembre, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo expresó duros juicios hacia la vicepresidenta Francia Márquez a través de sus redes sociales.
Según el reporte de la Gobernación del Chocó, la emergencia afectó a más de 30.000 personas, en especial en las comunidades ribereñas. Estas, debido al paro armado y las condiciones climáticas, quedaron confinadas y aisladas, sin acceso a ayuda humanitaria ni a productos básicos para la subsistencia.
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La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, calificó esta situación como “la emergencia de mayores proporciones que hemos tenido que enfrentar como departamento”. El daño estructural es evidente: 4.337 viviendas destruidas, 18 escuelas dañadas y 1.478 hectáreas de cultivos perdidas, lo que amenaza la seguridad alimentaria de la región y plantea un reto significativo para las autoridades en el corto y mediano plazo.
En paralelo, diversos actores, como la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, insistieron en la necesidad de que el ELN permita el acceso humanitario a las zonas afectadas y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario. Iris Marín, defensora del Pueblo, declaró que “con la situación de inundaciones en la mayoría de los municipios, personas están perdiendo sus cultivos y no tendrán con qué subsistir”.
Mientras la situación en Chocó continúa siendo crítica, el congresista Miguel Polo Polo considera que no hay gestión por parte de Francia Márquez, que, en calidad de vicepresidenta y ministra de Igualdad, tendría la responsabilidad de liderar iniciativas de inclusión y desarrollo en las comunidades vulnerables, como la del mencionado departamento.
La publicación destaca que ese departamento históricamente habitado por una población mayoritariamente afrodescendiente y que enfrenta situaciones de abandono y pobreza a lo largo de su historia, continúa en una situación de vulnerabilidad que se intensifica con el impacto de las inundaciones y la presencia del grupo guerrillero.
Polo Polo afirmó en X que: “87% del Chocó está bajo el agua, 37 mil familias afectadas y para rematar la plaga del ELN haciendo estragos ¿dónde estará la señora Francia Márquez? El departamento más afrodescendiente del país ahogándose y ella viviendo sabroso. ¿Uso a los negros solo para su campaña política? Porque de gestión y ayudas NADA…”.
El papel de Francia Márquez en la crisis
Francia Márquez, oriunda del departamento del Cauca, defendió en reiteradas ocasiones la causa de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas. Su llegada al cargo de vicepresidenta generó expectativas en cuanto a políticas inclusivas que pudieran abordar históricas desigualdades en regiones afectadas por el conflicto y la pobreza. Desde su posesión, promovió una agenda enfocada en el cierre de brechas sociales y en la reivindicación de derechos de las poblaciones afro e indígenas.
Sin embargo, la magnitud de la crisis en el Chocó y la falta de una respuesta rápida generaron descontento en algunos sectores. Los críticos señalan que, más allá de discursos y promesas, se necesitan acciones concretas para atender las necesidades urgentes de estas poblaciones.
La controversia también gira en torno a que, desde su llegada al cargo, la vicepresidenta Francia Márquez ha utilizado frecuentemente un helicóptero, lo cual, según la oposición, genera gastos al Estado. Además, señalan que como ministra de Igualdad, no invirtió los fondos asignados. Ante esto, el senador David Luna, de Cambio Radical, solicitó al presidente que redirija esos recursos no utilizados para ayudar en la crisis de Chocó.
La propuesta de Luna busca que $3,4 billones sean empleados en la atención inmediata de las emergencias climáticas que afectan a estas regiones, cuya situación motivó al presidente Gustavo Petro a declarar un Estado de Desastre Nacional, lo cual habilita a la administración gubernamental a implementar medidas excepcionales.