“Peligra la estabilidad fiscal”: contralor cuestionó impacto de la reforma al SGP en las finanzas del país

Carlos Hernán Rodríguez, contralor General de la República, expresó las reservas que tiene sobre el proyecto de Acto Legislativo que busca reformar al Sistema General de Participaciones (SGP) y que ya cursó seis de ocho debates en el Congreso.

Señaló que esta podría poner en peligro la sostenibilidad fiscal del país. Según él, el aumento de las transferencias a las regiones podría generar un déficit mayor que, en su opinión, se cubriría con más deuda o mayores impuestos, lo que afectaría la estabilidad macroeconómica de la Nación.

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“El principal cuestionamiento al aumento de las participaciones transferidas a las regiones surge porque comprometería la estabilidad macroeconómica del país. Existe el válido temor de que aumentar las transferencias implicaría un mayor déficit que seguramente se cubriría, como siempre pasa, con más deuda o con más impuestos”, manifestó Rodríguez.

El contralor también advirtió que el reto de la reforma es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales sin afectar el equilibrio fiscal del país. De lo contrario, alertó que la Corte Constitucional podría declarar la reforma como inexequible. A pesar de estos riesgos, quienes defienden la medida sostienen que el Gobierno nacional debe ceder algunas competencias de los gobiernos locales, lo que justificaría un aumento en las participaciones transferidas a las regiones.

Asimismo, el funcionario hizo énfasis en que la reforma al SGP debe tratarse con una visión técnica, más allá de las diferencias políticas. A su juicio, es esencial anteponer los aspectos técnicos en la discusión para evitar consecuencias negativas en el futuro que las generaciones venideras no perdonarían. “Mal hacemos cuando los aspectos netamente técnicos terminamos no colocándoles política fiscal, sino politizándolos”, afirmó.

Rodríguez también advirtió que, más allá de cualquier desacuerdo político, la reforma toca aspectos fundamentales de la economía del país. Señaló que uno de los principales riesgos es el impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), ya que la modificación de las transferencias a las regiones podría generar un déficit más grande, lo que afectaría la calificación externa del país. “Esto es una circunstancia fundamentalmente técnica”, recalcó.

Otro de los puntos que Rodríguez destacó fue la necesidad de hacer reformas tributarias adicionales que permitan cubrir los fondos que el Gobierno nacional cedería a las regiones, con lo que se asegura que la sostenibilidad fiscal no se vería comprometida. Además, se refirió a la importancia de una representación adecuada en el Senado para tratar proyectos de ley que afecten a las regiones, en especial, aquellos relacionados con temas territoriales.

“Ello sería útil, pues hay proyectos de ley que se tramitan sin especialidad en las comisiones que se asignan. Por ejemplo, cuando se refieren a temas territoriales”, explicó.

El proyecto de Acto Legislativo para reformar el SGP está en medio de la polémica. Es así que 25 exministros y exviceministros de Hacienda enviaron una carta al Congreso en la que advirtieron sobre el impacto de la medida. En el mensaje, los firmantes solicitaron a los congresistas que reconsideren esta iniciativa, que permitirá el 39,5% de las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación, y piden un debate más amplio que involucre a la academia, autoridades locales y la sociedad civil.

Los exfuncionarios argumentaron que el proyecto amenaza la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Con el aumento en los giros a las regiones, el gasto público se incrementaría en proporción a cada nueva reforma tributaria que el Gobierno adopte, lo que para algunos economistas podría dar lugar a un “círculo vicioso” entre mayores impuestos y gasto público creciente.

Los firmantes señalan que estos fondos serían insuficientes, ya que obligaría al Gobierno central a endeudarse más para cubrir gastos de personal, pensiones y otros gastos de funcionamiento que no se pueden ajustar debido a la inflexibilidad del presupuesto nacional.

Además, en la carta, los exministros y exviceministros advierten que, si se aprueba el acto legislativo, el país podría encontrarse en una situación financiera difícil, ya que las obligaciones presupuestarias restringirían aún más el margen de maniobra fiscal.