Otty Patiño defendió el nombramiento de exparamilitares como gestores de paz, pero advirtió que no cambiará su situación jurídica

Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, defendió la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a 18 exlíderes paramilitares como gestores de paz, una medida que ha desatado un intenso debate en Colombia.

En una entrevista con Caracol Radio, Patiño explicó que el objetivo de este nombramiento es concluir el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), iniciado hace dos décadas bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

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Esta medida ha generado controversia, especialmente debido a que entre los designados se encuentran figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez, quienes fueron altos mandos de las AUC y están acusados de crímenes de lesa humanidad.

Además, se les señala de no haber cumplido con la reparación integral a las víctimas, tanto en términos materiales como simbólicos.

Patiño explicó que el nombramiento de estos exparamilitares será temporal, con una duración inicial de seis meses, y su propósito es que contribuyan con su experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz.

Sin embargo, subrayó que el Gobierno tiene la potestad de revocar estas designaciones si no se demuestra un compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.

“En el momento en que se conozcan, digamos, cuáles han sido los elementos que tiene cada uno, pues ahí se considera”, señaló Patiño durante su intervención. Además, recordó que actualmente cuatro de ellos están encarcelados, incluido alias Don Berna, quien está extraditado a los Estados Unidos, mientras que otros ya han cumplido sus penas y se encuentran en libertad.

Patiño aclaró que el reconocimiento como gestores de paz no altera la situación jurídica de los exparamilitares ni las medidas de aseguramiento vigentes.

“El reconocimiento como gestores de paz no cambia la situación jurídica de los exparamilitares ni las medidas de aseguramiento vigentes.

Esto no implica que dejen de estar sometidos a los procesos judiciales o se les otorguen beneficios judiciales”, señaló. Esta figura jurídica permite al Ejecutivo suspender órdenes de captura o sanciones de cárcel, pero no afecta los procesos penales en curso.

La decisión ha generado un notable desacuerdo social y político, y Patiño subrayó la importancia de la participación de las víctimas en el proceso de construcción de paz, considerándolas como el eje central para lograr una verdadera reconciliación. “En el tema de la reconciliación de la verdad, el centro está la víctima”, afirmó el comisionado.

También destacó que cada gestor de paz tendrá un plan de trabajo específico, adaptado a los crímenes cometidos y a los territorios en los que operaron.

El nombramiento de estos gestores de paz también ha planteado interrogantes sobre su impacto en las elecciones, ya que algunos sectores temen que el nombramiento de tantos gestores con gran poder en las regiones pueda influir en los resultados de los comicios.

Patiño, sin embargo, descartó esta posibilidad, afirmando que todos los gestores estarán sujetos a un plan de trabajo supervisado por las organizaciones de víctimas y la ciudadanía. “No creo que en un periodo electoral nombrar tantos gestores de paz con tanto poder en las regiones pueda influir en el desarrollo de las elecciones de las votaciones”, aseguró.

Uno de los puntos más polémicos de este nombramiento es la figura de los gestores de paz, especialmente en relación con aquellos que tienen condenas por crímenes tan graves como las masacres. Patiño aclaró que los gestores de paz no recibirán beneficios judiciales automáticos.

“Es fundamental que, en el proceso, se asegure que estos exlíderes no utilicen esta figura como un mecanismo para eludir la justicia o sus responsabilidades penales”, afirmó. Además, la participación activa de las víctimas será crucial para garantizar que los gestores de paz cumplan con el deber de reparar el daño causado.

El debate sobre la inclusión de exparamilitares como gestores de paz hace recordar la liberación de Violeta Arango, alias Violeta, quien fue detenida por su presunta participación en el atentado al Centro Comercial Andino en 2017.

Arango fue liberada el viernes 18 de noviembre de 2022, después de ser incluida en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su liberación se basa en una resolución presidencial que otorga a ciertos individuos el título de gestores de paz, aunque Arango estaba procesada por cargos de terrorismo y concierto para delinquir.

La decisión de liberarla provocó un frente de críticas, no solo por su historial judicial, sino por el hecho de que se haya hecho de manera apresurada, sin una clara explicación de las condiciones que garantizan su verdadera contribución al proceso de paz.