La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las Farc-EP como máximos responsables de graves crímenes de guerra, entre ellos el reclutamiento y la utilización de los niños dentro de sus filas.
Según el tribunal, estos crímenes habrían ocurrido en el contexto del conflicto armado interno de Colombia y comprenden una serie de delitos contra menores de edad que incluyen no solo el reclutamiento forzado, sino también malos tratos, tortura, homicidios, y diversas formas de violencia sexual, reproductiva y motivada por prejuicios.
Esta imputación de la JEP hace parte del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado. En este caso, la JEP ha recogido testimonios, documentos y pruebas que evidencian la responsabilidad de altos mandos de la extinta guerrilla de las Farc en la vulneración de derechos fundamentales de menores, quienes fueron sometidos a condiciones que la justicia transicional considera actos de guerra.
El tribunal destaca que estos delitos habrían afectado profundamente a los menores, no solo al ser incorporados forzosamente en la organización armada, sino también al ser objeto de violencias dentro de la vida intrafilas, que incluían agresiones físicas y psicológicas, así como abusos sexuales.
Entre las formas de violencia denunciadas se encuentran los tratos degradantes, la tortura y asesinatos de aquellos menores considerados “desertores” o que no se sometían a las órdenes de sus superiores. Según la JEP, entre 1996 y 2006 fueron reclutados 18.677 niños y niñas.
Los imputados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. En cuanto a Rodrigo Granda, la magistratura indicó que él fue compareciente suplente del secretariado, es decir, que no habría participado en la definición de las políticas de reclutamiento.
“La JEP imputa a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP son máximos responsables por estos graves crímenes”, indicó la magistrada Lily Rueda.
El tribunal explicó que los seis exintegrantes del secretariado son los responsables de las conductas de macro criminalidad, debido a que participaron en los espacios en los que la extinta guerrilla tomaba las decisiones.
“La Sala encontró que los seis comparecientes cuya responsabilidad se individualiza en esta decisión tuvieron el liderazgo de las antiguas Farc-EP y participaron en las conferencias nacionales guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla”, afirmó la magistrada.
Y agregó: “Las experiencias de las víctimas incluyeron violencias basadas en género, tratos crueles, torturas, homicidios y múltiples sufrimientos y daños que permanecen en la actualidad y que se dieron durante el reclutamiento, en su experiencia en los campamentos, en los momentos preparatorios, y durante la tortuosa marcha hacia la región del Magdalena Medio, en medio de operaciones militares dirigidas por el Ejército Nacional”.
Reconocimiento del exsecretariado de las Farc
A través de un comunicado, los seis exintegrantes del secretariado de las Farc reconocieron los hechos cometidos contra los menores de edad.
“Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, se lee en el comunicado.
Todos los exguerrilleros afirmaron que siguiente de cerca el anuncio de la imputación de cargos por parte dela Jurisdicción Especial para la Paz.
Así las cosas, tendrán un tiempo de 30 días para comunicarle al tribunal si aceptan o rechazan su responsabilidad en este caso por omisión.
En el comunicado, los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc reafirmaron su compromiso “ante las víctimas y la jurisdicción”, razón por la cual aseguraron que cuando sean notificados procesalmente, darán una pronta respuesta. El documento detalla que lo harán por vía del reconocimiento.
En caso de que alguno de los comparecientes nieguen su responsabilidad tienen derecho a un juicio adversarial, pero en caso de ser vencidos en ese juicio, podrán recibir 20 años de cárcel.