Este es el decreto que oficializa situación de desastre nacional: Contraloría vigilará la ejecución de recursos

El Gobierno nacional emitió el Decreto 1372 de 2024, en el que declara oficialmente una situación de desastre natural debido a los efectos devastadores de fenómenos climáticos extremos que han afectado varias regiones del país en lo que va de 2024. Esta medida responde a una serie de eventos como inundaciones, incendios forestales, tormentas y deslizamientos que han alterado gravemente la infraestructura, la vida cotidiana de los ciudadanos y la estabilidad de varios territorios.

De acuerdo con el documento, la declaratoria de desastre se justifica bajo la Ley 1523 de 2012, que establece procedimientos para la atención de emergencias derivadas de desastres naturales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó que el impacto de estos fenómenos fue significativo, con comunidades afectadas en departamentos como Amazonas, Chocó y La Guajira, los cuales enfrentan constantes calamidades, dejando a miles de personas sin hogar y con graves pérdidas materiales.

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Ante la oficial declaratoria de desastre nacional, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, informó que la entidad que lidera estará vigilante sobre la correcta ejecución de los recursos destinados a la atención de la emergencia. El seguimiento a estos fondos busca garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y lleguen a los sectores más afectados por las fuertes lluvias e inundaciones que han golpeado diversas regiones del país, especialmente el departamento de Chocó.

En una declaración pública, Rodríguez destacó que la Contraloría estableció un protocolo de monitoreo continuo sobre los recursos asignados a la emergencia, particularmente aquellos gestionados por la Ungrd.

“Tenemos plena confianza en la capacidad de la Ungrd, y sabemos que la gestión de la emergencia debe ser ágil y dinámica. No podemos permitir que irregularidades del pasado entorpezcan la respuesta que el país necesita ante esta situación”, señaló el Contralor.

De acuerdo con Rodríguez, el objetivo es que los recursos sean destinados de manera efectiva y sin dilaciones, asegurando que lleguen directamente a los afectados. En ese mismo sentido, también hizo un llamado a las autoridades competentes para que las contrataciones y la ejecución de los planes de acción sean transparentes y ajustadas a los procedimientos legales establecidos: “Es crucial que cada peso invertido en esta emergencia sea bien administrado, para que se maximicen los beneficios a las comunidades más vulnerables”.

A través del Decreto 1372 de 2024 se formalizó la declaratoria de desastre nacional debido a los extensos daños causados por fenómenos climáticos extremos que han impactado al país durante los últimos meses. Las lluvias intensas, especialmente las ocurridas entre el 9 y el 11 de noviembre en Chocó, ocasionaron graves inundaciones que afectaron a miles de familias y provocado la destrucción de viviendas e infraestructuras en múltiples municipios.

El departamento del Chocó es una de las zonas más golpeadas, con más de 37.500 familias afectadas por inundaciones y 4.337 viviendas destruidas. Además de las inundaciones, otras regiones del país, como Amazonas y La Guajira, también sufrieron consecuencias devastadoras por incendios forestales, deslizamientos de tierra y tormentas eléctricas.

El Gobierno estableció un régimen especial de 12 meses, prorrogables, para la gestión y recuperación de las áreas afectadas. Esto incluye la creación de una subcuenta dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), que será responsable de administrar los recursos destinados a la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas devastadas.

El manejo de los fondos destinados a la respuesta y recuperación del desastre será responsabilidad del fondo, que estableció una subcuenta especial llamada Subcuenta Variabilidad Climática 2024. Esta subcuenta fue creada por la Junta Directiva con el objetivo de asegurar que los recursos para enfrentar la emergencia se mantengan claramente separados en términos presupuestarios y contables, tal como se detalla en el artículo 6. Se prevé que, de manera inicial, el Gobierno asigne un total de $1.7 billones para las primeras acciones de ayuda.

Según lo establecido en el artículo 7, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, encabezado por Ricardo Bonilla, se encargará de asegurar que el fondo disponga siempre de los recursos necesarios para respaldar a las entidades nacionales y territoriales en la ejecución de las actividades previstas tanto para la fase de respuesta como para la recuperación.