El gobierno del presidente Gustavo Petro designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz por un periodo inicial de seis meses, lo que ha generado un intenso debate.
Entre los nombrados se encuentran victimarios que aún cumplen condenas en cárceles de Estados Unidos por narcotráfico y que han sido expulsados del proceso de Justicia y Paz por no cumplir con sus compromisos de verdad, justicia y reparación.
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Uno de ellos es Hernán Giraldo Serna, excomandante del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fue excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz por incumplir compromisos de no repetición y no revictimización, según informó el Tribunal Superior de Barranquilla.
Esta decisión fue ratificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año. Giraldo, quien regresó a Colombia en 2021 tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, enfrenta graves acusaciones de delitos sexuales y desplazamiento forzado.
Giraldo, conocido por su alias el Patrón o el Señor de la Sierra’, tiene una circular roja de Interpol por delitos como homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y acceso carnal violento.
El prontuario de alias Taladro
Según el expediente al que tuvo acceso El Tiempo, antes de su extradición a Estados Unidos, solicitó el ingreso de menores a cárceles colombianas (Itagüi, La Ceja y La Modelo) para encuentros sexuales, según documentos presentados por la Fiscalía.
Una mujer de confianza de Giraldo habría facilitado el traslado de las menores, quienes ya habían sido víctimas de delitos sexuales por parte de Giraldo cuando era comandante de las AUC.
“La denunciante indicó que dentro de sus labores se encontraba la de cuidar dos hermanas de 10 y 12 años de edad. A la última de ellas, la conoció como “la mujer” de Hernán Giraldo y era llevada todos los domingos a la cárcel La Modelo de Barranquilla para que sostuviera relaciones sexuales con el postulado”, se evidencia en el expediente, según el medio mencionado.
Una de las víctimas de abuso sexual por parte de alias Taladro reveló que fue llevada regularmente a la cárcel de Itagüí, en Antioquia, para ser agredida. La menor relató que cada domingo era trasladada al lugar donde el agresor estaba recluido antes de ser trasladado a Barranquilla.
Según su testimonio, el abuso era constante y se le administraba una inyección mensual para prevenir el embarazo, ya que el agresor no utilizaba preservativos.
El relato de la víctima destaca que el agresor siempre estaba en pleno uso de sus facultades durante los abusos, sin mostrar signos de consumo de alcohol. Este testimonio es parte de una serie de denuncias que han salido a la luz sobre el comportamiento delictivo de alias Taladro, quien enfrenta múltiples acusaciones de abuso sexual.
Más de 200 casos cometidos por Hernán Giraldo
En 2019, la sentencia de Justicia y Paz documentó 38 casos de violencia de género cometidos por Giraldo, aunque la Fiscalía estima que los delitos podrían ascender a 200.
Uno de los casos más antiguos data de 1982, cuando Giraldo presionó a una niña de 12 años para que se convirtiera en su pareja, lo que resultó en un embarazo al año siguiente. La Sala de Justicia y Paz subrayó que las víctimas, todas menores de edad, no podían resistir el poder que representaba Giraldo, lo que excluye cualquier consentimiento.
“Siempre estaba armado, ponía su arma en la mesita de noche, nunca había un preámbulo, pues él solo se satisfacía sexualmente. Luego se quedaba dormido. Así una y otra vez”, comentó la víctima de Giraldo.
El Bloque Resistencia Tayrona, que se desmovilizó con 1.107 integrantes, fue liderado por Hernán Giraldo, quien se convirtió en una figura temida en la Sierra Nevada de Santa Marta debido a sus atroces crímenes. Según la fuente citada, Giraldo fue responsable de numerosos actos violentos, siendo el principal perpetrador de muchos de estos delitos sexuales en la región.
En uno de los casos, una niña de 13 años fue obligada a vivir con Giraldo bajo amenaza de muerte a su familia. La niña pudo regresar a su hogar solo después de la desmovilización del grupo paramilitar en 2006.
La designación de estos exjefes paramilitares como gestores de paz ha sido criticada debido a su historial de violencia y la falta de cumplimiento de sus compromisos legales. La controversia se centra en la capacidad de estos individuos para contribuir a la construcción de la paz en Colombia, dado su pasado criminal y las acusaciones pendientes en su contra.