Exintegrantes del último secretariado de las Farc aceptaron la imputación de la JEP por reclutamiento de 18.677 niños: “Estos hechos no debieron haber ocurrido”

En un comunicado que publicó en la mañana de la jornada del 13 de noviembre de 2024, los seis exintegrantes del último secretariado de las Farc aceptaron las imputaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionadas con el reclutamiento de menores durante el conflicto armado en Colombia.

Esta aceptación se produjo tras la imputación de crímenes de guerra por parte del tribunal que incluyó tortura, violación y esclavitud sexual, por el reclutamiento de 18.677 niños y niñas, según informó la misma JEP.

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Los exlíderes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry (conocido como Timochenko), Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos, expresaron su compromiso con las víctimas y la JEP al aceptar estas imputaciones.

En su declaración, reconocen que los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento de menores no debieron haber ocurrido.

“Hemos conocido, a través de la rueda de prensa de la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, la presentación del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) del macrocaso 07, que aborda el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, dijeron en la primera parte.

“En cuanto nos sea notificado procesalmente, nos concentraremos con nuestro equipo de defensa en el estudio y revisión de este importante asunto, y seguiremos dando respuesta oportuna a los requerimientos de la jurisdicción”, continuaron; y agregaron que “como uno de los actores involucrados en el largo conflicto armado, entendemos que cumplir nuestros compromisos ante las víctimas y la jurisdicción es parte del camino hacia la no repetición y la reconciliación que tanto necesita Colombia”

Las extinguidas Farc expresaron que los jueces dedicaron un tiempo y recursos significativos a investigar hechos que, según ellos, ya habían admitido durante las negociaciones de paz.

En consecuencia, como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, se leyó en la misiva a la opinión pública.

Además, señalaron que la JEP aún no ha aprobado un reconocimiento único que agrupe todos los hechos ocurridos durante el conflicto armado, lo cual consideran necesario para que las víctimas y el país reciban decisiones prontas.

Esta aceptación de responsabilidad por parte de los exguerrilleros representa un paso significativo en el proceso de justicia transicional en Colombia, donde se busca esclarecer y reparar los daños causados durante décadas de conflicto armado.

Pero también pidieron que otras partes del conflicto se sumen a cooperar con la aceptaciones de las acusaciones en el macrocaso 07, que trata el reclutamiento de menores: “sea esta, igualmente, la oportunidad para hacer un llamado a todos los actores que participaron en el conflicto para trabajar en pro de la prevención y la no repetición y asumir la responsabilidad de estos hechos que, aun con la firma del Acuerdo Final de Paz, se siguen repitiendo en los territorios”.

Desde el 2021 se conoció que el tribunal venía recopilando testimonios y pruebas que señalaban a estos exlíderes guerrilleros como responsables de una serie de delitos graves contra menores.

Entre estos delitos se incluyen no solo el reclutamiento forzado, sino también malos tratos, tortura, homicidios y diversas formas de violencia sexual y reproductiva. Estos actos habrían ocurrido en el contexto del conflicto armado interno de Colombia.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP destacó que los menores no solo fueron incorporados forzosamente a las filas de la guerrilla, sino que también fueron sometidos a violencias dentro de la organización. El macrocaso 07 es una de las investigaciones más amplias llevadas a cabo por la JEP, enfocándose en la vulneración de los derechos fundamentales de los menores durante el conflicto.