Un concejal y un patrullero de la Policía lideraban banda criminal que exigía $7 millones para retrasar órdenes de captura

La Policía y la Fiscalía General de la Nación descubrieron una alianza criminal que ofrecía varias alternativas para que varios procesados pudieran evadir a la justicia colombiana.

Según el reporte oficial, la red estaba liderada por el concejal Jairo Ortiz, del municipio de Calima Darién, en el departamento del Valle del Cauca, junto con el patrullero de la Sijin de la Policía, Héctor Fabio Díaz Benjumea, quienes habían ayudado a un familiar del cabildante vallecaucano, quien está procesado por el delito de lesiones personales.

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La investigación señala que los dos implicados habrían dialogado con la familia del implicado en ese delito, y les habría ofrecido una suma de dinero a cambio de retrasar una orden de captura que estaba por salir en su contra, que estaría por el orden de siete millones de pesos.

“El señor concejal Jairo Ortiz en compañía del policía judicial de la Sijin, Héctor Fabio Díaz Benjumea, citan a la esposa del indiciado en la casa del señor Ortiz y le plantean una forma de ¨ayudarles¨, la cual consistía en que les entregaran una suma de 7.000.000 de pesos a cambio de dilatar la investigación y la posible orden de captura”, expresó una fuente de la Policía en declaraciones a la revista Semana.

Además, se conoció que la familia había girado dos millones de pesos, y quedaron pendientes la entrega de los otros cinco. No obstante, tras un incumplimiento de ese pago, el mismo uniformado habría efectuado la orden de captura contra el hoy procesado.

Ante esta situación, los familiares denunciaron este caso ante el grupo contra la corrupción de la Dijín de la Policía, en la que se analizaron todas las pruebas entregadas, efectuaron las órdenes de captura contra el concejal y el uniformado, que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

Entre tanto, el abogado de las víctimas hizo una petición a la Fiscalía General de establecer una medida de aseguramiento a los capturados, sin incluir el beneficio de casa por cárcel.

“Los procesados se ven incurso en una posible condena de entre 6 y 10 años de prisión, lo que es un delito bastante comprometedor para un funcionario público. La fiscalía tiene que comprobar de que ese delito, en efecto, se cometió”, mencionó el jurista defensor de las víctimas a la revista Semana.

Este caso se suma a la captura de un concejal en el municipio de San Carlos, departamento de Córdoba, quien fue detenido junto a otros cuatro presuntos integrantes del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo.

Se trata de Lewis Joel Acosta Soto, quien figuraba como colaborador de esta organización criminal, al facilitar información sobre los operativos que adelantaría la fuerza pública en el territorio.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el cabildante sería el intermediario entre el grupo armado y la ciudadanía, en la que sugirió sanciones a los habitantes que incumplían cualquier persona de dicho municipio.

“En el año 2023 empieza a pasar información de la presencia de la fuerza pública; prestaba su billar para que los miembros se reunieran en el lugar. También sugería qué multas se imponían a los habitantes y servía como mediador entre la organización y los ciudadanos”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.

Además de Acosta Soto, los otros procesados son Claudia Patricia Espitia Guarne, Jairo Segundo Sánchez Polo, Manuel Santiago Reyes Morales y Nafer José Polo López, a quienes se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, y no fueron aceptados durante las audiencias judiciales, por lo que fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otra parte, en el municipio de El Bagre, Antioquia, fue detenido el concejal Jorge Luis Pérez Martínez, conocido popularmente como Mandalay, por su posible responsabilidad en un homicidio en el año 2011, por lo que fue presentado ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.