Fuerzas Armadas habrían colaborado con paramilitares para “tomarse a Barrancabermeja”, aseguran ante la JEP

En el desarrollo de las investigaciones del macrocaso 08, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló detalles sobre la colaboración entre agentes del Estado y grupos paramilitares en la denominada “toma paramilitar de Barrancabermeja”.

Durante una audiencia de cuatro días, más de 50 víctimas escucharon los testimonios de personas vinculadas a estos eventos, que incluyen la participación de funcionarios de Ecopetrol.

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La audiencia, presidida por la magistrada Catalina Díaz Gómez de la Sala de Reconocimiento, contó con la declaración de Jhon Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’, un exparamilitar de las Autodefensas Campesinas de Santander y el sur del César. Vásquez admitió haber actuado como enlace entre el Batallón de Contraguerrilla No. 45 y los paramilitares, coordinando la incursión en el puerto petrolero el 28 de febrero de 1999, que resultó en la masacre de ocho personas y la desaparición forzada de dos más.

Además, Vásquez confesó haber recibido pagos por grabar ilegalmente las asambleas sindicales de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol, por orden del subjefe de seguridad de la compañía, un capitán retirado del ejército. Esta información permitió a los paramilitares identificar y declarar como objetivos militares a varios dirigentes sindicales, entre ellos Rafael Jaimes Torra, quien fue asesinado al día siguiente de que Vásquez recibiera la lista.

Otro testimonio relevante fue el del mayor retirado Oswaldo Prada Escobar, que fue jefe de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada entre 1997 y 1998. Prada detalló la colaboración entre el batallón y los paramilitares en la planificación y ejecución de la masacre del 16 de mayo de 1998, en la que 25 personas fueron desaparecidas y 7 asesinadas. Según su relato, la fuerza pública facilitó el ingreso de los paramilitares a través de los controles militares en los barrios nororientales de la ciudad.

Estos testimonios forman parte del subcaso Magdalena Medio, en el que 200 víctimas fueron acreditadas ante la JEP, junto con siete sujetos colectivos, incluyendo la USO y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento llevó a cabo 20 audiencias de versión y declaración juramentada en esta investigación.

En Barrancabermeja, el 28 de febrero de 1999, un grupo de las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) perpetró una masacre que dejó ocho personas muertas y dos desaparecidas. En un giro inesperado, John Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’, uno de los sicarios implicados, confesó en 2016 que, poco después de los asesinatos, fue contratado por Ecopetrol. Según Rutas del Conflicto, Vásquez fue incluido en la nómina de la petrolera, lo que desató una serie de revelaciones sobre la infiltración de grupos ilegales en la empresa.

José Eduardo González Sánchez, exsubjefe de seguridad de Ecopetrol y capitán retirado del Ejército, reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ‘Pepo’ y otros dos soldados retirados, Carlos Piedrahíta Zabala y Leocadio Bohórquez, fueron contratados por la petrolera con el objetivo de infiltrar la Unión Sindical Obrera (USO). González Sánchez, que enfrenta procesos judiciales por su vinculación con grupos paramilitares, afirmó que estos individuos realizaban labores de inteligencia dentro del sindicato para identificar supuestos colaboradores de la guerrilla.

Las declaraciones de González Sánchez coinciden con información proporcionada por desmovilizados de grupos paramilitares en el marco del proceso de Justicia y Paz. Según estos testimonios, desde mediados de los años 90, funcionarios de Ecopetrol habrían colaborado con las Ausac, contribuyendo a la violencia en Barrancabermeja y contra los miembros de la USO.

Ecopetrol confirmó que John Alexander Vásquez fue empleado de la empresa, pero se negó a proporcionar detalles sobre su contratación. La petrolera argumentó que las actividades de sus empleados están sujetas a las disposiciones del derecho privado y no del Derecho Administrativo.

Por su parte, González Sánchez también mencionó que Piedrahíta, tras dejar Ecopetrol, se convirtió en comandante del Frente Andaquíes en Caquetá, mientras que Bohórquez asumió un rol de liderazgo en el Bloque Central Bolívar, donde fue responsable de varios asesinatos y desplazamientos.

La Comisión de la Verdad, en su informe sobre la reconfiguración territorial de Barrancabermeja, documentó un plan para exterminar a los miembros de la USO desde 1988, en el que participaron paramilitares y miembros de la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. Entre 1988 y 1993, 71 miembros del sindicato fueron asesinados.

Un investigador de la USO, que prefirió mantener su anonimato, señaló que la estigmatización del sindicato provenía tanto de la fuerza pública como de los encargados de seguridad de Ecopetrol, quienes eran en su mayoría militares retirados con una lógica contrainsurgente. Este investigador afirmó que el Programa de Seguridad Industrial de la compañía realizaba labores de inteligencia sobre los trabajadores sindicalizados en los años noventa.

Daniel Marín López, profesor de la Universidad de Los Andes, explicó que desde los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI, las grandes empresas extractivistas en Colombia adoptaron un modelo de seguridad corporativa basado en la doctrina contrainsurgente de los militares, lo que generó una fuerte confrontación con el movimiento sindical.