El 12 de noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación hizo pública su decisión de inhabilitar por diez años al excanciller Álvaro Leyva, puesto que lo hallaron culpable de permitir varias irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
Los principales argumentos del órgano de control son la falta de justificación adecuada para anular el proceso de licitación, lo que implica una posible transgresión de las normas legales y técnicas que deben guiar este tipo de procedimientos. Además de señalar que hubo una violación de los estatutos que regulan la contratación por parte del Estado.
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Luego de conocerse la sanción impuesta por la Procuraduría a Leyva, el país político no dudó en reaccionar a la inhabilitación del ex alto funcionario por más de una década.
La senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se despachó contra una de las personas más cercanas al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.
En su cuenta de X, escribió que el principal culpable de la sanción impuesta a Leyva fue él mismo, señalando que no tenía ninguna potestad de intervenir en la licitación para la expedición de pasaportes.
A su vez, recalcó que las acciones del excanciller estuvieron supeditadas a los caprichos y órdenes absurdas del gobernante de los colombianos que iban en contra de la ley colombiana. Por lo que, cuestionó “¿y cuántos más terminarán así por hacer caso a las absurdas órdenes de Petro?”, se lee en la publicación.
Por su parte, el excanciller Leyva habló en rueda de prensa sobre el fallo su contra, argumentando que la decisión de la Procuraduría General de la Nación no está ligada a los hechos, sino que es un fallo político.
“Lo primero que quiero señalar es que lo de hoy no es jurídico, es absolutamente político”, sostuvo.
A juicio del exfuncionario, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, no hizo bien su trabajo, sino que estaba sesgada en el caso. En ese sentido, sostuvo que Cabello violó su derecho al debido proceso, por lo que espera que se investigue la conducta de la procuradora.
“Desde finales del año 2023, ya la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, actuando ligeramente, incurrió en prejuzgamiento al anunciar públicamente que “antes de finalizar enero tendremos resultados”, siendo ella la superior y nominadora de quienes hoy me sancionan, y la competente para decidir en segunda instancia. Violó con ello el derecho irreductible al debido proceso, garantía imperativa, perentoria, terminante e inderogable. Obviamente, la citada funcionaria será objeto de recusación”, escribió en un comunicado para la opinión pública.
En paralelo, puso en tela de juicio su independencia al momento de llevar a cabo el proceso. “Ella es una señora que tiene un cargo público a expensas naturalmente del interés de mucha gente que está detrás de ella”, agregó.
De igual manera, dijo que todo el proceso en su contra se dio sin la transparencia necesaria, puesto que en el juicio no fue revelada la identidad de los miembros de la sala de juzgamiento.
“La Procuraduría adelantó un juicio que se suponía verbal y en audiencias donde el país nunca conoció a los integrantes de la sala de juzgamiento”, afirmó.
Así las cosas, aclaró que no está de acuerdo con el fallo, por lo que junto a su defensa apelará a la decisión y acudirá a todas las instancias disponibles para revertir el fallo. A propósito, señaló que si le toca denunciará su caso ante “jueces de la república, estos sí, autónomos e independientes”.
Por último, Leyva explicó que casos como los de hoy demuestran que es más que necesario que la “la procuraduría retome su verdadero rol como guardián de la moral pública, libre de interferencias políticas y actúe en beneficio de una Colombia más justa y transparente”.