Francia Márquez y Laura Sarabia comparecerán ante el Senado: tendrán que entregar explicaciones por polémicas cifras

En las instalaciones del Senado de la República se llevará a cabo el martes 12 de noviembre, a partir de las 11:00 a. m., el debate de control político a la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, por cuenta de los bajos niveles de ejecución en la citada cartera.

El convocante de este debate es el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, que radicó la citación para que ambas funcionarias, del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, tengan la posibilidad de justificar ante el legislativo por qué se ha registrado un bajo presupuesto en el ministerio. En especial, cuando al menos cuatro de los cinco programas del ministerio, a la fecha, están con un 0% de ejecución. Es más; del presupuesto en 2024 de $1,2 billones, solo se habría ejecutado el 1%.

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A su vez, tanto la vicepresidenta y ministra y la directora del departamento administrativo, tendrán que explicar acerca de lo que sería la duplicidad de funciones entre las funciones entre algunos de los cargos del ministerio y otras entidades del Estado, lo que a juicio del congresista tendría consecuencias en el gasto del erario. Lo anterior, debido a que había cargos que hacían parte del Dapre, como las Consejerías para la Equidad de la Mujer y la Consejería para la Juventud.

“¿El Ministerio de la Igualdad o de la burocracia?”, cuestionó Motoa en su perfil de X, en relación con las presuntas irregularidades en la forma de ejecutar los recursos. “Una cartera que no ejecuta su presupuesto, duplica funciones con media docena de entidades y tampoco cumple con su misionalidad. En definitiva, un embeleco creado a la medida de la vicepresidenta”, agregó el parlamentario, que hace parte de la bancada de la oposición.

Sobre el particular, la Corte Constitucional tumbó el 8 de mayo el Ministerio de Igualdad, a cargo de Márquez, pues dejó sin efectos la Ley 2281 de 2023. El alto tribunal determinó que la dependencia solo se extenderá hasta el fin del mandato del gobierno Petro, por lo que, a partir del 20 de julio de 2026, al término de las dos próximas legislaturas, el ministerio no hará más parte del ordenamiento del Estado Con ello, la promesa de campaña del jefe de Estado se caerá.

“Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”, se leyó en la determinación tomada por la Corte, en lo que fue considerado un nuevo revés jurídico de Petro ante el tribunal, que en el pasado ya le había tumbado el conjunto de decretos de emergencia social para la atención de La Guajira, entre ellos el del suministro de agua para esta región del territorio nacional.

En su decisión, la Sala Plena del alto tribunal encontró que, en el trámite de la referida ley que le dio vida al ministerio, se registraron una serie de vicios de trámite, por lo que fue declarada inexequible en su discusión. De esta manera, la Corte accedió a la demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático y que sería precandidata a la presidencia de la República, de cara a los comicios del 2026, que en su momento celebró la decisión.

La Corte pudo constatar que, en el trámite de aprobación, el Congreso incurrió en un vicio de procedimiento y, con base en su análisis, fue esta falta insubsanable, pues no efectuó el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, de acuerdo con lo que deben ser las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, que determina las normas orgánicas “en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”.