Álvaro Leyva inhabilitado por diez años: Procuraduría General de la Nación tomó decisión en contra del excanciller

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que decidió inhabilitar por diez años al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes. Según la información disponible, una de las principales acusaciones es que Leyva declaró desierta la licitación 001 de 2023 sin contar con los fundamentos necesarios, lo que podría haber violado los principios que regulan la contratación estatal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La decisión de la Procuraduría se centra en la falta de justificación adecuada para anular el proceso de licitación, lo que implica una posible transgresión de las normas legales y técnicas que deben guiar este tipo de procedimientos.

El caso de Leyva ocurre en un contexto más amplio de vigilancia sobre la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación pública en el país. La Procuraduría ha enfatizado la importancia de mantener altos estándares de integridad en la administración pública, especialmente en áreas tan sensibles como la emisión de pasaportes.

A las 10:30 de la mañana se llevará a cabo la lectura del fallo que podría determinar el futuro del canciller acusado de cometer dos faltas disciplinarias de carácter gravísimo. Según los datos que tiene el organismo de control el ministro habría actuado con dolo al declarar desierta la licitación sin contar con los fundamentos necesarios, lo que podría haber violado los principios de la contratación estatal.

El segundo cargo que enfrenta el canciller es por haber decretado la urgencia manifiesta en un proceso contractual, aparentemente sin que existieran las causas justificadas para tomar tal decisión. Este tipo de acciones, según el organismo de control, podrían haber comprometido la transparencia y legalidad del procedimiento.

La investigación disciplinaria se centra en evaluar si las decisiones del ministro se tomaron de manera deliberada y con conocimiento de su improcedencia, lo que podría agravar su situación. La falta de fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos en la declaración de la licitación desierta es uno de los puntos críticos que se examinan en este caso.

Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, enfrenta una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a su decisión de declarar desierta una licitación de 600.000 millones de pesos, que, según él, estaba dirigida a favorecer a la empresa Thomas Greg. En la mañana del martes 12 de noviembre de dio lectura al fallo, que inhabilitó a Leyva.

El proceso disciplinario contra el excanciller se centra en su decisión de detener la licitación de pasaportes en septiembre del año pasado, bajo la Resolución 7485. Leyva argumentó que su acción buscaba proteger los recursos estatales, ya que consideraba que la licitación estaba diseñada para beneficiar a Thomas Greg, una empresa que había mantenido el contrato durante 17 años. Sin embargo, la Procuraduría sostiene que esta decisión pudo haber violado principios económicos establecidos en la ley.

Para asegurar la continuidad en la expedición de pasaportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró una urgencia manifiesta mediante la Resolución 7541, lo que también ha sido objeto de críticas. Esta medida, según la Procuraduría, podría haber infringido los principios que rigen la contratación estatal.

A principios de este año, Leyva fue suspendido provisionalmente de su cargo durante seis meses, ya que su permanencia podría haber afectado el curso de la investigación. El procurador ponente, Ernesto Espinosa, había anunciado que el fallo se daría a conocer en agosto, pero se hizo público en noviembre.

Durante la audiencia, Espinosa explicó que el comité encargado del proceso había recomendado adjudicar el contrato a la unión temporal liderada por Thomas Greg. Sin embargo, Leyva decidió frenar la licitación y declarar la urgencia manifiesta. Espinosa señaló que la imputación fue precisa, detallando las vulneraciones de tiempo, modo y lugar en las que incurrió Leyva.

La defensa de Leyva argumentó que su obligación era garantizar los derechos de todos los interesados en el proceso licitatorio. Citó al presidente Gustavo Petro, quien había expresado preocupación por el hecho de que solo una empresa estuviera a cargo de la entrega de pasaportes, lo que, según Leyva, le abrió los ojos sobre la situación.

El caso también tiene implicaciones legales adicionales, ya que Thomas Greg ha demandado a la Cancillería por 117.000 millones de pesos, alegando perjuicios causados por la decisión de Leyva. Este expediente se encuentra en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.