El billonario costo del crimen y la violencia en Colombia: afecta sectores económicos como el turismo y el comercio

Colombia enfrenta un desafío económico significativo debido al impacto del crimen y la violencia, según un estudio reciente realizado por Fedesarrollo en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe revela que los costos directos de estos fenómenos en el país alcanzaron el 3,64% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, lo que equivale a $68 billones anuales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta cifra sitúa a Colombia en la octava posición entre 22 países de América Latina y el Caribe en términos de costos totales asociados al crimen y la violencia como porcentaje del PIB.

El estudio detalla tres tipos de costos directos que afectan a Colombia:

• Costos en capital humano representan el 0,88% del PIB: incluyen la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios y delitos no letales, así como la privación de libertad de los agresores. Estos factores limitan la capacidad productiva del país al reducir la contribución económica de las víctimas y de las personas encarceladas.
• Costos para el sector público ascienden al 1,0% del PIB: estos reflejan los recursos que el Estado destina a la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Aunque son esenciales para mantener la seguridad y el orden, estos recursos restringen la disponibilidad de fondos para otras áreas críticas como la salud y la educación.
• Costos para el sector privado alcanzan el 1,76% del PIB: las empresas y negocios deben invertir en medidas de seguridad para protegerse de la criminalidad, lo que incluye vigilancia privada, sistemas de seguridad y seguros. Estos gastos podrían destinarse a la expansión y modernización de las empresas, pero en cambio se utilizan para mitigar los riesgos asociados al crimen.

El informe también destaca que Colombia ocupa la séptima posición en costos relacionados con el capital humano, lo que subraya la necesidad urgente de implementar políticas de seguridad más eficaces.

Además, el estudio advierte que el crimen y la violencia afectan a sectores productivos como el turismo y el comercio, y contribuye a la migración y disminución de la inversión. Estos costos, entre otros costos indirectos, representan un freno adicional al desarrollo.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, expresó que “el crimen no solo representa una pérdida de capital humano, sino que también impone una carga económica severa sobre el desarrollo del país. Estos costos son recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema educativo, la innovación o la infraestructura, pilares fundamentales para aumentar el crecimiento económico”.

“Estos hallazgos confirman la urgencia de una respuesta robusta y sostenida que priorice tanto la prevención como la mejora en la administración de justicia, lo que permitiría reducir los costos del crimen y la violencia, aumentar la confianza de los ciudadanos y el dinamismo de nuestra economía”, añadió el directivo.

De acuerdo con cifras de Indepaz, con corte al 27 de octubre de 2024, se han presentado 60 masacres que dejaron 209 víctimas, lo que refleja una alta cifra para la fecha, puesto que 2023 terminó con 93 masacres, con un total de 300 víctimas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa presentó un informe referente a homicidios cometidos entre enero y agosto de 2024, con una cifra de 8.594 víctimas. Esta cifra representa una disminución en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 8.909 casos, y de 2022, con 8.923 homicidios. A pesar de esta leve reducción, la situación sigue siendo alarmante.

Medicina Legal identificó que las edades más afectadas por los homicidios son las comprendidas entre los 25 y 29 años, seguidas por los grupos de 20 a 24 años y de 30 a 34 años. Además de Bogotá y Cali, otras ciudades con altos índices de homicidios incluyen Barranquilla, con 273 casos; Cartagena, con 233; y Medellín, con 172.

Este alto impacto económico del crimen y la violencia en Colombia refleja una problemática que afecta no solo a la seguridad ciudadana, sino también al desarrollo económico del país.