Gobierno Petro nombrará ministro encargado para manejar el dinero destinado a los desastres provocados por la lluvias

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que destinará entre $700.000 millones y $1.2 billones para enfrentar la emergencia invernal que afecta al país. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la asignación presupuestal debe estar lista esta semana, y un ministro de Hacienda será designado para supervisar la administración de estos recursos a través de la Unidad de Gestión del Riesgo.

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La situación es particularmente crítica en los departamentos de Chocó y La Guajira, así como en la ciudad de Bogotá, donde se han registrado serios problemas debido a las intensas lluvias. Bonilla explicó que el gobierno está evaluando de qué sectores se recortará el presupuesto para obtener los fondos necesarios para la emergencia.

El ministro también destacó la importancia de una gestión eficiente de los recursos, dada la magnitud de los desafíos que enfrenta el país en términos de infraestructura y atención a las comunidades afectadas. La decisión de nombrar un ministro encargado busca asegurar que los fondos se utilicen de manera efectiva y transparente.

La emergencia invernal ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta rápida y coordinada por parte del Gobierno, que debe equilibrar la atención inmediata con la planificación a largo plazo para mitigar futuros desastres naturales. La asignación de estos recursos es un paso crucial en ese proceso.

Por ahora, el jefe de la cartera de Hacienda no ha dado más detalles sobre quién será el destinado para el cargo, ni cuando se realizara la designación. Además, también se está a la espera de que el Gobierno confirme dónde saldrán los recursos.

Las inundaciones en el Chocó, Colombia, han dejado a más de 150.000 personas afectadas, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riegos de Desastres. Las lluvias incesantes durante las últimas 72 horas han empeorado la situación, provocando el desbordamiento de ríos y afectando al 85% del territorio del departamento. La gobernadora del Chocó aseguró que se tomaron medidas urgentes para enfrentar esta emergencia.

“Esta es la comunidad de El Salto en Bojayá, es una de las comunidades que fue totalmente arrasada por la creciente. No quedó nada. Saldremos hacia Bojayá con las primeras ayudas que están en el stock de la gobernación, y estamos ya articulando con fuerza pública los medios que nos permitan llegar lo antes posible. En este momento estamos concluyendo el comité extraordinario de gestión del riesgo para emitir de manera formal el concepto de necesidades y líneas oficiales de recepción”, señaló gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Además, el Gobierno nacional destinó 2.500 millones de pesos del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) para atender las necesidades inmediatas en Quibdó y otros municipios afectados. Este anuncio se realizó poco después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, declarara la situación de desastre en todo el país debido a las intensas precipitaciones que han incrementado la vulnerabilidad de diversas regiones.

La crecida del río San Juan en el Chocó ha dejado una estela de devastación, cobrando la vida de dos personas y generando un temor creciente entre los habitantes de la región. Según una entrevista con Noticias Caracol, el alcalde del Litoral de San Juan expresó su preocupación por el deterioro de los cultivos de pancoger y la falta de alimentos y agua potable, lo que agrava aún más la situación de emergencia alimentaria en la zona.

El impacto de las inundaciones es significativo, afectando a cerca de 15.000 personas en los municipios de Medio y Bajo Baudó, Istmina, Medio San Juan y Lloró. Los desbordamientos de los ríos Baudó y San Juan han destruido cultivos y causado la muerte de aves de corral, lo que podría desencadenar una crisis de abastecimiento en los próximos meses. La pérdida de estos recursos esenciales amenaza con dejar a las comunidades sin medios de subsistencia.

La situación en el Chocó es crítica, y los habitantes temen que la falta de respuesta oportuna por parte del gobierno pueda empeorar las condiciones de vida. La necesidad de asistencia urgente es evidente, ya que las comunidades afectadas enfrentan no solo la pérdida de sus medios de vida, sino también el riesgo de enfermedades debido a la falta de agua potable y alimentos.