César Manrique ya no será investigado por la Corte Suprema, por escándalo de motos eléctricas en Bogotá: este es el motivo

La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó que devolverá al Tribunal Superior de Bogotá el expediente de César Augusto Manrique Soacha: exdirector de Función Pública, que fue acusado de irregularidades en la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá, cuando el hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, oficiaba como alcalde de la capital; un caso que, en su momento, desató todo un escándalo en contra de esta administración.

La Sala de Primera Instancia del alto tribunal anunció que perdió competencia para seguir juzgando a Manrique, tras el contrato firmado el 28 de agosto de 2012, cuando Manrique actuaba como gerente encargado del Fondo de Vigilancia de Bogotá, y fue el responsable de la adquisición de 100 motocicletas eléctricas, por un monto de $4.357 millones. La misma, estaba destinada a mejorar las condiciones de la fuerza policial en la ciudad, durante el gobierno progresista.

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Los automotores eran tipo Cross Marca Zero DS-ZF9, que si bien fueron comprados por la administración distrital, nunca entraron en funcionamiento y hoy son chatarra, según reportes oficiales. Así como en su momento también ocurrió con los camiones para la recolección de basura traídos desde los Estados Unidos, luego de la decisión de Petro de acabar con los contratos existentes, pero que también terminaron en los deshuesaderos.

El juicio en contra del exfuncionario solo empezó en noviembre de 2021, luego que el 22 de febrero de 2016 la Fiscalía General de la Nación imputó a Manrique de los delitos de peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Y, pese a la declaración de nulidad emitida por el Tribunal de Bogotá, el proceso en contra del exdirector de Función Pública se extendió hasta agosto de 2023, con gran parte de las audiencias.

Sin embargo, en septiembre de 2023, la defensa de Manrique solicitó trasladar el caso a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, basados en el argumento de que su cliente había asumido un nuevo cargo como director del Departamento Administrativo de la Función Pública, en agosto de 2022. Pero tras su salida del cargo, el ente judicial perdió la competencia para el juzgamiento, “por tratarse de hechos para los cuales no está amparado por fuero”.

El 6 de noviembre, el defensor del acusado aportó copia del decreto que se aceptó la renuncia de Manrique, que fue mencionado como presunto partícipe en el episodio de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pues se señala al exfuncionario de haber asistido el 25 de septiembre de 2023 a un encuentro con Olmedo López, exdirector de la entidad, y otros funcionarios, con algunas pautas para el pago de jugosas comisiones.

En efecto, la Fiscalía señaló que en la reunión estuvo, además, Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la Ungrd. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (Ant), con la presencia del entonces director Gerardo Vega, con la finalidad de modificar el valor de un convenio y trasladar cerca $100.000 millones a la entidad del riesgo, que tenían como propósito acordar el pago de la coima del 7% de ese valor, según la evidencia recolectada.

Pese a que esta parecería ser la principal razón para su renuncia, Manrique indicó en su misiva que la determinación se debía a múltiples amenazas en su contra, a lo que se sumaron problemas de salud. Antes de marcharse del cargo, en decisión que se oficializó el 1 de noviembre, Manrique dio aviso de uno de los asuntos que tenía bajo su competencia; la publicación de las declaraciones de renta de los empleados del Estado, tras la denuncia del concejal Daniel Briceño.