Angélica Lozano reaccionó a la decisión de la Cidh de declarar ilegítima la proclamación de Maduro: “El dictador se robó las elecciones”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) se pronunció oficialmente el martes 12 de noviembre de 2024, sobre las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio de 2024 en Venezuela.

Al respecto, la Comisión declaró como ilegítima la proclamación de Nicolás Maduro como presidente, una decisión que se fundamentó en la ausencia de transparencia en el proceso electoral, la negativa de la dictadura venezolano a publicar las actas de votación y la represión de manifestaciones pacíficas tras los comicios.

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En ese sentido, la presidenta de la Cidh, Roberta Clarke, afirmó que los eventos que rodearon las elecciones representan una violación directa a los derechos políticos de los venezolanos y expresó la necesidad de un compromiso internacional para abordar la situación.

En un comunicado, Clarke indicó que la falta de transparencia en la divulgación de los resultados y la represión a quienes han demandado la publicación de estos “interrumpen la democracia en Venezuela”.

Clarke afirmó que “el incumplimiento de las normas electorales en las recientes elecciones es claramente una violación de los derechos políticos del pueblo de Venezuela”, y añadió que tres meses después de los comicios, el régimen venezolano continúa sin hacer públicos los resultados detallados, por lo que instó a la comunidad internacional a “seguir exigiendo transparencia y rendición de cuentas”.

El pronunciamiento de la Cidh generó reacciones en la región, incluyendo un mensaje de la senadora colombiana Angélica Lozano al presidente Gustavo Petro, en el que manifestó su rechazo a la situación mediante un mensaje en su cuenta de X.

La congresista se dirigió directamente al primer mandatario colombiano: “@petrogustavo en Venezuela hay ultra golpe de estado contra el pueblo venezolano: el dictador se robó las elecciones”.

Según el organismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó la victoria de Maduro sin hacer públicas las actas de votación, lo que ha generado más de 300 protestas en el país.

En estos actos de disidencia, reportó la Cidh, al menos 23 personas perdieron la vida y más de 1,300 fueron detenidas, incluidas mujeres, adolescentes y personas pertenecientes a comunidades indígenas.

Los cargos contra los detenidos incluyen incitación al odio, conspiración y terrorismo, los cuales, según la Comisión, “conllevan penas severas” y tienen el objetivo de “intimidar y reprimir la libertad de expresión”.

Por lo tanto, Clarke enfatizó que, al negarse a publicar los resultados detallados, el régimen de Venezuela demuestra una “clara perturbación de la democracia en el país. En democracia, cada voto debe ser contado, y cada voto cuenta”, por lo que recordó los principios de la Carta Democrática Interamericana.

Ante la crisis, el organismo instó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al resto de la comunidad internacional a coordinar esfuerzos diplomáticos para apoyar una “transición pacífica hacia la democracia” en Venezuela.

La Cidh, a través de su relatora para Venezuela, Gloria Monique de Mees, pidió a la comunidad internacional “responsabilizar a quienes han violado los derechos humanos en Venezuela”.

“Los detenidos enfrentan cargos penales que conllevan penas excesivamente severas. Estos cargos incluyen incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición, asociación criminal, resistencia a la autoridad, obstrucción de carreteras y desobediencia y son un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión”, aseguró Demees

De Mees se hizo énfasis en que el llamado no es exclusivo para América Latina, sino para “toda la comunidad internacional”, por lo que insistió en que el país requiere un escrutinio independiente del proceso electoral, pues sin transparencia ni garantías democráticas, las elecciones no pueden ser reconocidas como legítimas.