El excanciller Álvaro Leyva expresó su firme rechazo tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de sancionarlo con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 10 años. Esta medida, que surge a raíz de irregularidades en la licitación para adjudicar el contrato de impresión de pasaportes, ha generado una respuesta contundente del exministro, quien señala que el fallo es de carácter político y no jurídico.
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En rueda de prensa a la salida de la audiencia de lectura del fallo, Leyva declaró: “Lo primero que quiero señalar es que lo de hoy no es jurídico, es absolutamente político”. El excanciller aseguró que la decisión de inhabilitarlo estaba predeterminada y mencionó que había notado tensión en el procurador Ernesto Espinosa, quien lideró la audiencia. “Uno como que nota en los rostros”, afirmó, sugiriendo que Espinosa no estaba convencido del fallo que dictó.
Una sanción “injusta” según Leyva
La sanción impuesta por la Procuraduría, en opinión de Leyva, es el epílogo de un proceso que, según él, ha estado lleno de irregularidades desde sus comienzos. Aseguró que la decisión en su contra fue tomada sin que se reconociera la validez de sus pruebas y señaló que la actuación de la procuradora Margarita Cabello en este caso ha comprometido su imparcialidad. Según el excanciller, Cabello habría incurrido en prejuzgamiento al referirse públicamente a la investigación y anunciar posibles resultados antes de que se emitiera el fallo oficial.
“Desde finales del año 2023 ya la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, actuó ligeramente, incurrió en prejuzgamiento al anunciar públicamente que antes de finalizar enero tendríamos resultados”, afirmó Leyva, criticando que la alta funcionaria haya dado señales prematuras sobre el rumbo de la investigación.
Con relación a la acusación de prejuzgamiento, Leyva fue enfático en defender su derecho a un proceso justo, asegurando que no recibió un trato adecuado y que, de hecho, este juicio violó varias garantías legales. “Violó con ello el derecho irreductible al debido proceso, garantía imperativa, perentoria, terminante e inderogoble”, declaró.
Además, Leyva expuso que el proceso disciplinario se desarrolló sin la transparencia debida, pues durante el juicio no se reveló la identidad de los integrantes de la sala de juzgamiento. “La Procuraduría adelantó un juicio que se suponía verbal y en audiencias donde el país nunca conoció a los integrantes de la sala de juzgamiento”, afirmó, en alusión a lo que llamó “una justicia sin rostro”, recordando que esta práctica ha sido proscrita en Colombia debido a su violación de derechos humanos.
Apelación y recusación contra Margarita Cabello
La reacción de Leyva no se limitó a las críticas sobre el desarrollo del proceso. En un comunicado dirigido a la opinión pública, anunció que Margarita Cabello será objeto de recusación y argumentó que la procuradora, al ser superior y nominadora de los funcionarios que lo sancionaron, actuó de manera parcial. “Ella es una señora que tiene un cargo público a expensas naturalmente del interés de mucha gente que está detrás de ella”, sentenció Leyva, poniendo en duda la independencia de su actuar.
Además, Leyva dejó claro que su defensa apelará esta decisión y recurrirá a todas las instancias necesarias para revertir el fallo, calificando el proceso como “nulo de pleno derecho”. Aseguró que, de ser necesario, denunciará su caso ante “jueces de la república, estos sí, autónomos e independientes”.
Para Leyva, este tipo de sanciones se salen de la verdadera función de la Procuraduría, y añadió: “Es imprescindible que la procuraduría retome su verdadero rol como guardián de la moral pública, libre de interferencias políticas y actúe en beneficio de una Colombia más justa y transparente”.
Por ahora, el fallo de inhabilidad y destitución en contra de Álvaro Leyva es de primera instancia y está pendiente de la apelación, la cual será examinada en segunda instancia.
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