Como ya es tradición al culminar el año, el salario mínimo en Colombia se convierte en el eje de debates entre el Gobierno, los sindicatos laborales y empresarios. En noviembre y diciembre se configura el escenario para las discusiones que definirán el incremento para el próximo año.
Por ahora, aunque las mesas de concertación no se instalaron para determinar el aumento del salario mínimo de 2025, varios sectores comenzaron a lanzar sus propuestas. Uno de los planteamientos más destacados proviene del Banco de la República, que ya proporcionó una cifra estimada para el aumento.
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No obstante, las expectativas sobre el alza están siendo moderadas por un análisis cuidadoso basado en la inflación proyectada, la productividad nacional, y las condiciones económicas del país. Las negociaciones se darán en las próximas semanas, con diversas partes interesadas tratando de influir y moldear el pago que reciben cada mes más de dos millones de trabajadores colombianos.
Al respecto, el reciente Informe de Política Monetaria del Emisor precisó que la inflación podría cerrar 2024 5,1%, lo que será vital para determinar el ajuste final del salario básico para el año entrante. El informe precisa: “Esta senda supone un ajuste del salario mínimo cerca de un punto porcentual por encima de la inflación de fin de año esperada. Hacia 2026 se mantendría en valores cercanos al 3%”.
Dicho análisis establece que un incremento del salario que supere un 6,1% podría poner en riesgo la meta inflacionaria del país, por lo que se sugirió que la cifra del salario alcance el $1.379.300, es decir, un aumento de aproximadamente $79.300, teniendo en cuenta que la remuneración es de $1.300.000 en la actualidad.
Minutas de la última reunión de Junta Directiva del Banco de la República: tasa de interés y salario mínimo
El 31 de octubre de 2024, la Junta Directiva del Banco de la República se reunió para definir un nuevo recorte en la tasa de interés del Emisor (9,75%). Cinco directores votaron a favor de una reducción de 50 puntos básicos (pbs) y dos lo hicieron por una reducción de 75 pbs.
De acuerdo con las minutas, el grupo mayoritario que votó por una reducción de 50 pbs subrayó que los nuevos factores de riesgo que surgieron hacen poco recomendable una reducción de la tasa de política mayor a 50 pbs, puesto que en las circunstancias actuales ello podría comprometer la convergencia de la inflación hacia la meta.
Anotan que la falta de claridad del proyecto de Acto Legislativo del Sistema General de Participaciones (SGP) sobre el traslado de competencias a los entes territoriales sin que permita reducir al mismo ritmo los gastos de la Nación en forma compensatoria, acentúa la incertidumbre sobre las consecuencias fiscales de esta reforma.
“Ello se traduce en un mayor ambiente de nerviosismo en los mercados, que incrementa las primas de riesgo y la tendencia a la depreciación del peso, lo cual conduce a mayores presiones inflacionarias. A ello se agrega el impacto que la caída del precio del petróleo pueda tener sobre los ingresos fiscales y sobre la entrada de divisas al país, lo cual constituye un elemento adicional de presión al alza sobre la tasa de cambio y la inflación”, se lee en las minutas.
Además, que, aparte de los riesgos fiscales y cambiarios que acentúan la necesidad de mantener la cautela en el relajamiento de la política monetaria, los directores recalcaron otras fuentes de riesgo importantes que ya se habían advertido en sesiones anteriores de la Junta. Entre ellas mencionaron:
- La persistencia de la inflación de servicios, en particular de los arriendos y de las comidas fuera del hogar, que se ha reflejado en una resistencia a la baja de la inflación básica (sin alimentos ni regulados), a pesar de la postura contraccionista de la política monetaria.
- Las presiones que podrían surgir de un eventual aumento del salario mínimo superior al que suponen las proyecciones del equipo técnico, el cual es equivalente a la inflación prevista para 2024 más una estimación de crecimiento de la productividad laboral.